Pablo Quirno defendió la decisión de llevar al Reino Unido ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar y sostuvo que el avance del proyecto petrolero Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte, podría provocar daños irreversibles.

El canciller afirmó que el planteo argentino apunta a frenar nuevas perforaciones y la instalación de infraestructura de producción mientras el tribunal arbitral no esté en condiciones de intervenir.

En una columna de opinión publicada en La Nación, Quirno remarcó:

“No vamos a permanecer impasibles mientras pretenden apropiarse de nuestros recursos naturales”.

El funcionario detalló la estrategia del Gobierno frente al proyecto de Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, que —según indicó— prevé 23 pozos y 35 años de producción con licencias otorgadas por el Reino Unido, que Argentina considera ilegales.

Quirno también planteó que es la primera vez que la Argentina y el Reino Unido se enfrentan ante un tribunal internacional por un asunto vinculado con la cuestión Malvinas. Además, reclamó que el Congreso acelere el tratamiento del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y aseguró que el Gobierno seguirá con los procedimientos sancionatorios y las acciones penales contra las compañías y sus directivos.

La Argentina inició el arbitraje el 28 de septiembre y el 13 de octubre pidió medidas provisionales al tribunal con sede en Hamburgo. En las audiencias del 10 y 11 de noviembre, la delegación argentina sostuvo que hace falta una protección urgente hasta que se constituya el tribunal que analizará el fondo del caso.

Entre otras medidas, el pedido incluye que no haya nuevas perforaciones ni infraestructura, que el Reino Unido no use los datos de exploración en perjuicio de los derechos argentinos y que deje de obstaculizar las tareas de protección del medio marino.

Londres objetó la competencia del tribunal con el argumento de que el caso exigiría resolver la disputa territorial. Quirno respondió que la soberanía sobre las islas no forma parte de este procedimiento y que lo que se discute son las obligaciones de ambos países sobre los recursos naturales y el ambiente en los espacios marítimos en disputa.

Durante las audiencias, el Reino Unido indicó el 21 de marzo de 2027 como la fecha más temprana para nuevas perforaciones y marzo de 2028 para el inicio de la extracción. La defensa británica sostuvo que los árbitros podrían intervenir antes, mientras que la Argentina advirtió que constituir el tribunal y ponerlo en condiciones de actuar puede llevar meses.