La Justicia Federal de Río Gallegos investiga una presunta asociación ilícita vinculada a Lázaro Báez, a la que se le atribuye lavado de dinero a través de empresas que integran su patrimonio y que se encuentran embargadas. La acusación sostiene que la organización habría movido $390.880.000.

En la causa, los fiscales Julio Zárate y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) ubican como figuras centrales a Claudia Insaurralde, pareja de Báez, y a Cristian Sebastián “Budín” Ibáñez, señalado como su lugarteniente en Río Gallegos. Ambos habrían conocido al empresario mientras estaba preso y, según la investigación, actuaban como sus principales confidentes y nexos con el exterior.

El expediente señala que Báez habría dado órdenes desde la cárcel de Ezeiza durante los últimos dos años para continuar con la explotación comercial y el desvío de fondos de bienes cautelados. En escuchas telefónicas, se lo escucha decir:

“El dueño de la historia acá soy yo”

La pesquisa se activó el lunes 9 de noviembre, cuando una alerta de Aerolíneas Argentinas advirtió sobre el embarque de tres personas con destino a Buenos Aires y cuatro valijas. Fueron detenidos Insaurralde e Ibáñez, ambos con prisión preventiva por peligro de fuga y entorpecimiento de la causa. Valentina Micaela Devetac, que viajaba con su bebé en brazos, no quedó detenida.

Después de esas detenciones, se ordenaron allanamientos en Río Gallegos, El Calafate y en la celda de Báez en Ezeiza. Allí se secuestraron anotaciones manuscritas con nombres bajo el título de “EL CLAN”. La fiscalía sostiene que Insaurralde transmitía instrucciones, reclamaba alquileres y retenía rendiciones de cuentas, mientras Ibáñez manejaba estancias, pagos de sueldos y contratos comerciales.

Además de esos dos nombres, el fallo menciona a Fausto Ignacio Devetac, Paula Beatriz Godfrid, Mauro Gastón Trevisan Godfrid, Diego Ernesto Navarro, Jorge Manuel Ulloa, Jorge Elías Agustín Agüero y Oscar Raúl Núñez, con distintos roles presuntos dentro de la trama. Entre las medidas adoptadas, el juez federal de Río Gallegos dictó prisión preventiva por 180 días para varios de los imputados y medidas restrictivas para otros, entre ellas la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse periódicamente ante la Oficina Judicial.

En paralelo, la causa también alcanza a Ibáñez por otra investigación conexa, en la que se lo acusa de liderar una banda dedicada al tráfico de marihuana y cocaína en Santa Cruz.