La investigación federal por narcotráfico en Santa Cruz formalizó la imputación contra nueve personas sospechadas de integrar una estructura dedicada al tráfico de estupefacientes y al posterior lavado de dinero mediante cuentas bancarias, billeteras virtuales y la compra de vehículos, varios de ellos inscriptos a nombre de terceras personas.
En un fallo de 31 páginas, el juez federal de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez, detalló la función que habría cumplido cada acusado dentro de la organización, según la acusación del Ministerio Público Fiscal. La calificación legal provisoria comprende tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, comercialización agravada por la intervención de tres o más personas, asociación ilícita y lavado de activos.
La acusación ubicó en la cúpula a Jorge Elías Agustín Agüero, Juan Pablo Bórquez, Jorge Manuel Ulloa y Cristian Sebastián Ibáñez. Para los cuatro dispuso prisión preventiva efectiva por 180 días en un establecimiento penitenciario. A Agüero y Bórquez se les atribuyó la conducción directa del circuito de provisión y distribución de cocaína, mientras que Ulloa habría aportado la base logística a través del lubricentro Esperanza Trucks e Ibáñez habría participado de reuniones en ese lugar y de maniobras patrimoniales.
En el caso de Bórquez, la resolución señaló movimientos por más de $203 millones en billeteras virtuales entre diciembre de 2025 y julio de 2026, sin respaldo formal. Ulloa, por su parte, habría adquirido una Toyota SW4 por $43 millones y administrado una Volkswagen Amarok. Ibáñez figura con la compra de una Volkswagen Amarok por $65 millones en agosto de 2025 y una Ford F150 por $5 millones.
Entre los otros cinco imputados, Pedro Nahuel Leal recibió prisión preventiva efectiva por 180 días. En su domicilio, durante un allanamiento del 10 de noviembre de 2026 en Río Gallegos, se secuestraron 725 gramos de cocaína, 1.305 gramos de cannabis y dos balanzas. También se le atribuyeron movimientos financieros sin justificación económica.
Paula Makarena Bórquez quedó con arresto domiciliario y reglas de conducta, mientras que José Ariel Silva y Aldo Rubén Herrera continuarán en libertad bajo promesa de sometimiento al proceso y prohibición de contacto entre involucrados. En tanto, Valentina Micaela Devetac fue imputada como presunta partícipe secundaria en las maniobras patrimoniales vinculadas a su pareja, Cristian Ibáñez.
La acusación se apoya además en tres hechos concretos de narcotráfico investigados en Río Gallegos: la presunta comercialización de 66,43 gramos de cocaína a Gonzalo Agustín Garcían Bistritsky; otros 439,88 gramos vinculados a Carlos Mauricio Audicio; y el secuestro de 1.305 gramos de cannabis y 725 gramos de cocaína en la vivienda de Leal.
Como medida patrimonial, el juez ordenó el secuestro y embargo preventivo de 18 vehículos vinculados a la organización, además del levantamiento del secreto bancario y financiero y la preservación forense de los dispositivos electrónicos secuestrados.
