La Justicia Federal de Río Gallegos avanzó en dos causas vinculadas a Lázaro Báez y convirtió en prisión preventiva las detenciones de 12 imputados. La resolución fue adoptada por el juez de garantías Claudio Vázquez, quien declaró legales los arrestos realizados y avaló la formalización de imputaciones en audiencias desarrolladas el jueves.
Además, el magistrado fijó un plazo máximo de dos años para las investigaciones. Para otras cuatro personas involucradas dispuso medidas de coerción, mientras que autorizó el secuestro y el embargo preventivo de los vehículos incautados durante los operativos.
La causa principal investiga un presunto esquema de lavado de activos. La hipótesis fiscal sostiene que Báez habría dirigido desde el penal de Ezeiza una estructura que explotaba bienes alcanzados por embargos, decomisos y otras decisiones judiciales. El flujo de dinero bajo análisis fue estimado en $390.880.000.
El otro expediente apunta a una presunta organización dedicada al tráfico de cocaína, al menos desde diciembre de 2025. De acuerdo con la acusación, la droga habría sido trasladada en camiones y distribuida en Río Gallegos a través de un lavadero.
La Fiscalía considera que Cristian Sebastián Ibáñez, conocido como “Budín”, sería un nexo entre ambas investigaciones. Lo señala como operador territorial de Báez y, al mismo tiempo, como supuesto líder de la organización narco. Esa atribución forma parte de la imputación y deberá ser acreditada en el proceso.
Junto con las medidas sobre los imputados, el juez amplió el levantamiento del secreto bancario y financiero. La investigación busca reconstruir el movimiento de dinero y establecer cómo se habrían administrado bienes y rentas bajo control judicial.
Las imputaciones incluyen, según la causa, presuntos delitos de lavado de activos agravado, asociación ilícita, insolvencia fraudulenta, defraudación y tráfico de estupefacientes. La formalización y la prisión preventiva no implican una declaración de culpabilidad.