El vocero presidencial, Adrián Ravier, ratificó este lunes la posición argentina frente a la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, a través del proyecto Sea Lion, y se refirió a la solicitud de medidas provisionales presentada ante el Tribunal Internacional de Derecho del Mar contra el Reino Unido, por instrucción del presidente Javier Milei.
Durante la conferencia de prensa en Casa Rosada, explicó que la presentación fue realizada por la Secretaría de Legal y Técnica, la Cancillería y el Ministerio de Economía, y señaló que busca proteger los derechos soberanos de la Argentina sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas por el Reino Unido agraven la controversia.
En materia de seguridad, Ravier confirmó el inicio del traslado gradual de los internos de la cárcel de Villa Devoto al nuevo Complejo Penitenciario Federal 8 de Marcos Paz, en el marco de un convenio entre el Gobierno nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Según indicó, el operativo contempla el cierre del establecimiento penitenciario y su reemplazo por infraestructura moderna.
También mencionó avances vinculados al Acuerdo Mercosur-Unión Europea, con la aplicación provisional del entendimiento y el crecimiento de las exportaciones agroindustriales argentinas al bloque europeo, además de los beneficios de la reducción de aranceles.
En el plano económico, el vocero abordó medidas para impulsar los créditos hipotecarios y los resultados de la segunda licitación de plazos fijos UVA del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Además, repasó el proceso de privatización de AySA, que contempla la transferencia al sector privado del 90% de las acciones de la compañía, aunque aclaró que las ofertas económicas aún están en evaluación.
Por último, se refirió a los ejercicios multinacionales de la Armada Argentina en Perú, Brasil y Chile, y a la autorización de la licitación pública nacional para construir el muelle militar de la Base Naval Integrada de Ushuaia, con un presupuesto de 189.321 millones de pesos y un plazo de ejecución de 36 meses.