La comisión de Presupuesto de Diputados inició este martes el debate del proyecto de ley de Presupuesto 2027, en una jornada marcada por los planteos de la oposición sobre fondos para universidades y discapacidad.
Antes de la discusión, Unión por la Patria volvió a reclamar que el ministro de Economía, Luis Caputo, asista a la comisión para responder las preguntas de los legisladores. El diputado Pablo Todero sostuvo que “sería importante preguntarle a la persona que decide sobre estas cuestiones”.
El presidente de la comisión, José Luis Espert, respondió que funcionarios del Ministerio de Economía, como secretarios o subsecretarios, ya habían dado respuesta a las consultas en los debates anteriores. Con esa postura, quedó descartada por ahora la presencia de Caputo en el Congreso para esta instancia.
Además, el bloque que encabeza Germán Martínez presentó una nota al jefe de Gabinete, Diego Santilli, en la que cuestiona el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y advierte que el Ejecutivo no garantiza los recursos necesarios en el Presupuesto 2027.
En esa presentación, el bloque pidió que se garanticen las disposiciones del reciente fallo del Juzgado Contencioso Administrativo N° 11, que se incrementen las partidas para cumplir con la ley 27.795 y que los recursos para las universidades se compensen con recortes en la Jurisdicción 91, sin alterar el resultado financiero previsto para 2027.
El reclamo se da en la previa de la marcha universitaria convocada para este jueves en las inmediaciones del Congreso.
En paralelo, Espert adelantó el cronograma de tratamiento del Presupuesto 2027. Dijo que este miércoles a las 10 asistirá el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y que la semana próxima podría concurrir un funcionario de Educación, aunque sin nombre confirmado.
También informó que habría otra reunión informativa el 27 de octubre y que el dictamen de comisión podría firmarse al día siguiente, el 28. Según ese esquema, el proyecto llegaría al recinto recién en la semana del 20 de noviembre.
De acuerdo con ese calendario, el oficialismo debería convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las ordinarias, que vencen el 30 de noviembre, para que el Senado pueda tratar la sanción definitiva de la llamada ley de leyes.