La diputada santacruceña Ana María Ianni llevó al Congreso sus cuestionamientos a la venta de tierras en Península de Magallanes, frente al glaciar Perito Moreno, y apuntó contra la autorización excepcional otorgada por el Gobierno de Santa Cruz para una operación inmobiliaria vinculada con capitales extranjeros.

La legisladora participó el viernes 9 de octubre de una reunión del bloque de Unión por la Patria con organizaciones ambientalistas, en la que se analizó el impacto del DNU 70/2023 firmado por Javier Milei. En ese marco, vinculó la derogación de restricciones nacionales para la compra de tierras rurales por extranjeros con otras medidas del Gobierno nacional sobre turismo, concesiones y actividades en áreas naturales protegidas.

Al exponer su postura, Ianni mencionó lo ocurrido en Santa Cruz, donde el gobernador Claudio Vidal firmó un decreto que habilita una operación inmobiliaria dentro del Área Natural Protegida Península de Magallanes. La diputada cuestionó la llegada de capitales extranjeros y sostuvo:

“Son los que se vienen a quedar con nuestros recursos naturales, con nuestras tierras, con los negocios también”.

La dirigente aclaró que no está en contra de las inversiones privadas, pero planteó que deben realizarse dentro de los límites de la legislación y de las normas de protección del territorio. También advirtió sobre las consecuencias de habilitar proyectos turísticos en sectores con restricciones por planes de manejo y conservación.

Según la información difundida, mediante el Decreto 915/2026, firmado el 1° de septiembre, el Gobierno provincial autorizó la transferencia de tierras de Lacustre del Sud S.A. a favor de ASB Hospitality Calafate S.A.U., una sociedad argentina controlada por una empresa constituida en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. La operación está vinculada con el proyecto turístico Master Plan Ecocentro.

La autorización fue concedida “por única vez y con carácter estrictamente excepcional”, en un contexto en el que desde 2017 rigen restricciones específicas para la compra de inmuebles por extranjeros dentro de áreas protegidas de Santa Cruz. La decisión generó cuestionamientos políticos, institucionales y ambientales por la ubicación de los terrenos y por las condiciones en que se habilitó la operación.

Ianni también relacionó la discusión con la situación de El Calafate y El Chaltén, localidades cuya actividad turística está ligada al Parque Nacional Los Glaciares, y con las dificultades de acceso a la tierra y a la vivienda en la región. Además, afirmó que el bloque de Unión por la Patria buscará visibilizar estas problemáticas en el debate parlamentario.

Las declaraciones se dieron en el marco de los preparativos para la sesión especial convocada para el jueves 15 de octubre, a las 14, en la Cámara de Diputados, donde la oposición busca rechazar el DNU 70/2023. El decreto, publicado en diciembre de 2023, derogó entre otras normas la Ley 26.737 de Tierras Rurales. El Senado ya lo rechazó en marzo de 2024 y, si Diputados hiciera lo propio, quedaría derogado por vía parlamentaria.

En paralelo, el Gobierno de Santa Cruz defiende la legalidad del procedimiento. El presidente del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay, sostuvo que el organismo actuó conforme a las normas vigentes, y el decreto provincial establece que el proyecto deberá cumplir con las exigencias ambientales y territoriales correspondientes.