Una organización que operaba desde el Establecimiento Penitenciario N°7 de San Salvador de Jujuy está acusada de haber estafado a un hombre identificado como Daniel —nombre ficticio para preservar su identidad—, a quien hicieron creer que había ganado un premio de telefonía satelital 4G.

La maniobra, que comenzó en octubre de 2024, se extendió durante casi un año y le provocó una pérdida estimada entre $9 millones y $10 millones. Según la requisitoria de elevación a juicio presentada por el fiscal federal Franco Picardi, los acusados también habrían simulado ser el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, para obtener datos de detenidos y familiares, pedir dinero por falsas fianzas y ofrecer premios inexistentes.

De acuerdo con la acusación, Daniel y su pareja realizaron transferencias, sacaron un crédito bancario y, ante la falta de dinero, también enviaron por encomienda tres electrodomésticos. La víctima relató que los pedidos llegaban bajo distintos conceptos y sin un monto final claro. “Seguimos al corriente de ello creyéndole de que ese premio era verdad”, declaró ante la Justicia.

Entre las comunicaciones incorporadas al expediente figura un audio del 23 de noviembre de 2024 en el que un hombre se presenta como Horacio Rosatti y le pide que tenga el dinero cargado en una cuenta de Mercado Pago de su pareja. Al día siguiente, le indicó que enviara fondos a una cuenta a nombre de Rita Elizabeth Ayllón, ex pareja de Ramón Atilio Ríos, uno de los imputados. La fiscalía relacionó esa instrucción con una transferencia de $49.900 realizada el 25 de noviembre de 2024.

Además, se registraron otros tres envíos por $250.000, $200.000 y $118.700, que totalizan $618.600 y fueron enviados a cuentas de Marilina Paola Arjona, pareja de Cristian Mariano Ariel Acho, otro de los acusados. El expediente también menciona un teléfono Samsung Galaxy A01 secuestrado el 3 de diciembre de 2024 dentro de un colchón de una celda del penal jujeño, desde donde se habrían hecho llamados a víctimas y dependencias de seguridad con identidades falsas.

La fiscalía sostuvo que las comunicaciones no cesaron incluso después de los allanamientos de diciembre de 2024. En enero de 2025, una línea a nombre de Sebastián Ariel López habría realizado cuatro llamadas a la víctima. En paralelo, Daniel contó que él y su pareja vendieron teléfonos, sacaron un crédito y enviaron electrodomésticos valuados en alrededor de $1,8 millones cada uno.

Picardi pidió que Acho, Ríos, López y Vargas sean enviados a juicio oral por asociación ilícita, usurpación de autoridad, dos hechos de estafa y extorsión mediante simulación de autoridad pública. También solicitó investigar la posible participación de Arjona, Ayllón y Celeste Isabel Giménez en el circuito de dinero de la maniobra.