Rama Caída entró en concurso de acreedores luego de que su propia conducción solicitara la apertura del procedimiento judicial para reorganizar sus compromisos económicos y buscar un eventual acuerdo con sus acreedores.
La apertura del concurso no implica la quiebra ni el cierre de la fábrica, sino el inicio de una instancia judicial para ordenar la situación financiera de la empresa. La sidrera acumula 800 cheques rechazados por más de $2.100 millones.
La historia de la compañía se remonta a mediados de la década de 1940, cuando la familia Martínez comenzó con un emprendimiento dedicado a la elaboración de sidra en San Rafael, Mendoza. Con el paso de los años, incorporó la producción de vinos y cervezas, aunque mantuvo a la sidra como uno de sus principales productos.
Entre sus marcas comerciales figuran Rama de Oro, Cepas de Rama Caída, Frutados Fizz y La Salonera, además de distintas variedades de cerveza.
Los problemas económicos de la firma tienen antecedentes de más de una década. En marzo de 2014, reconoció atrasos en el pago de salarios y atribuyó esa situación a una caída de las ventas y demoras en las cobranzas. Ese conflicto derivó en una retención de tareas y en un juicio laboral que terminó con una sentencia favorable a un extrabajador en septiembre de 2017.
En 2015, la empresa también quedó involucrada en un conflicto por el terreno y las instalaciones donde funcionaba su establecimiento industrial. En ese momento, sus responsables explicaron que Rama Caída S.A. alquilaba el inmueble a Martínez Hnos. S.A., una sociedad vinculada a integrantes de la misma familia, pero jurídicamente independiente.
Un año después, Martínez Hnos. S.A. pidió su propio concurso preventivo, cuya apertura fue dispuesta por la Justicia mendocina el 25 de abril de 2016. A diferencia de aquel expediente, el actual alcanza a la firma que conduce la actividad comercial de la sidrera.
Además, Marcos Martínez no podrá viajar al exterior sin comunicarlo previamente al juzgado. Deberá informar cuánto tiempo permanecerá fuera del país y las ausencias notificadas no podrán superar los 40 días corridos. Si necesitara un plazo mayor, tendrá que pedir autorización judicial.