La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó este jueves un planteo de Alberto Fernández para que la causa por violencia de género, amenazas y lesiones iniciada por Fabiola Yañez dejara los tribunales federales de Comodoro Py y pasara a la justicia porteña.

En línea con la opinión de la Procuración General, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti señalaron que debe intervenir el juzgado federal N.º 10.

La investigación se abrió a partir de mensajes y fotografías hallados en el teléfono de la secretaria de Fernández, vinculados a comunicaciones con Yañez, en el marco de otra causa que investiga al expresidente, a su secretaria, a su marido y a distintos empresarios por presunta corrupción en el negocio de los seguros.

En ese contexto, el juez Ercolini y el fiscal Ramiro González impulsaron una pesquisa en la que Yañez terminó denunciando abusos y lesiones.

La defensa de Fernández había cuestionado la competencia de Comodoro Py en distintos momentos. Primero pidió que el caso pasara a la justicia de San Isidro, con el argumento de que los hechos habrían ocurrido en la residencia de Olivos. Luego insistió en trasladarlo al fuero penal de la Ciudad de Buenos Aires.

En paralelo, Fernández presentó una denuncia en un juzgado porteño por presunto hostigamiento de Yañez hacia su persona desde España. En octubre de 2025, la Cámara de Casación Contravencional y de Faltas ordenó el pedido de inhibición a Ercolini.

Frente a ese conflicto, la Corte entendió que la causa debe continuar ante el juzgado federal N.º 10. Actualmente, la investigación está a cargo del juez federal Daniel Rafecas, después de que la Cámara Federal de Casación Penal apartara a Ercolini tras un planteo de recusación del expresidente.

La acusación sostiene que Fernández habría ejercido durante años distintos tipos de violencia contra Yañez, en una relación marcada por una fuerte asimetría de poder. El expediente describe un patrón sostenido de violencia psicológica, con hostigamiento, control, insultos y destrato, además de episodios de violencia física.

La denuncia abarca un período que, según la investigación, va al menos de 2016 a 2024, antes, durante y después de la Presidencia de Fernández. La Cámara Federal ya había confirmado el procesamiento y consideró que existieron múltiples hechos que, en conjunto, configuraron un cuadro de violencia continuada que habría provocado daños en la salud de la denunciante.

La calificación legal vigente contempla penas de 3 a 18 años de prisión.