Quince estados y territorios de Estados Unidos presentaron un escrito ante la Corte Suprema de ese país para respaldar a los fondos que buscan restablecer la condena de US$16.100 millones contra la Argentina en el litigio por la expropiación de YPF.

La presentación fue encabezada por Missouri bajo la figura de amicus curiae, un mecanismo que permite a terceros aportar argumentos jurídicos sin integrar directamente la disputa. Los firmantes cuestionaron el criterio del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que el 27 de marzo de 2026 dejó sin efecto la sentencia dictada en primera instancia por la jueza Loretta Preska en septiembre de 2023.

En su planteo, los estados sostienen que el fallo favorable a la Argentina podría abrir una vía para que otros países invoquen sus propias leyes y eviten reclamos ante la Justicia estadounidense. También pidieron que el máximo tribunal revise la decisión y revoque la resolución que benefició al país.

Del lado argentino, Sebastián Soler, subprocurador del Tesoro de la Nación, cuestionó el fundamento de la presentación y señaló que la Cámara no rechazó intervenir por falta de jurisdicción, sino que analizó el fondo del caso y resolvió a favor de la Argentina. Según esa postura, los jueces aplicaron derecho argentino, tanto en materia societaria como en la legislación general de expropiaciones.

La sentencia de Preska había fijado la condena en septiembre de 2023. Los demandantes acudieron luego a la Corte Suprema para intentar revertir la decisión, en un expediente cuya próxima fecha relevante sería el 2 de diciembre, cuando vence el plazo para que los abogados argentinos respondan ante ese tribunal.