La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, participó de un encuentro de IDEA en el que analizó el impacto de las privatizaciones, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y la actualización de los marcos regulatorios para el sector privado.
Durante su exposición, que fue moderada por Bernardo Cassagne, señaló que las reformas impulsadas por el Gobierno buscan “construir una Argentina más previsible, más estable y más amigable con la inversión privada”. También afirmó que las inversiones se concretan cuando existen reglas claras, instituciones previsibles y confianza en que los compromisos asumidos serán respetados en el tiempo.
En ese marco, sostuvo que una parte central del trabajo de la Secretaría consiste en transformar las decisiones políticas en reglas estables y ejecutables. También planteó que el presidente Javier Milei señaló desde el inicio de su gestión el objetivo de liberar a la Argentina de capas de intervencionismo acumuladas durante décadas.
Al repasar las principales reformas, destacó que la Ley Bases y el DNU 70/2023 fueron instrumentos centrales de transformación del marco jurídico. Recordó que la ley autorizó el proceso de privatizaciones, modernizó la Ley de Procedimientos Administrativos, creó el RIGI y delegó facultades legislativas por un año. Según explicó, esa delegación permitió reorganizar organismos, eliminar fondos fiduciarios y simplificar procedimientos.
Sobre el RIGI, afirmó que fue diseñado para brindar certidumbre a inversiones que requieren grandes desembolsos de capital y largos plazos de recupero. Dijo que el régimen ofrece estabilidad por 30 años, un esquema tributario y cambiario competitivo y protección frente a cambios arbitrarios.
Ibarzabal Murphy informó además que el régimen cuenta con 27 proyectos aprobados por más de US$75 mil millones y otros 21 en evaluación por más de US$130 mil millones, en sectores como minería, energía, infraestructura, automotriz, siderurgia y energías renovables. También subrayó que sus beneficios se destinan a inversiones nuevas y que su aplicación debe minimizar los efectos distorsionadores sobre la competencia.
Por último, se refirió al caso YPF y al impacto de las decisiones estatales sobre la reputación internacional del país. “La única instrucción política que recibo es hacer las cosas bien”, afirmó, y remarcó la importancia de respetar los procedimientos, identificar riesgos y construir soluciones sostenibles para fortalecer la seguridad jurídica.