La Fiscalía de Revisión de Misiones confirmó el archivo de la denuncia contra el Gobierno nacional por la autorización del ingreso y la salida de Flávio Bolsonaro por Puerto Iguazú. Con esa decisión, quedó ratificado lo resuelto por el fiscal de esa ciudad, Fabián Martínez, quien había desestimado la presentación al concluir que no existió delito.

La acción judicial había sido impulsada por la diputada Marcela Pagano contra funcionarios del Poder Ejecutivo y fuerzas de seguridad, por presunto abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. En el marco del Sistema Acusatorio, Martínez dispuso medidas de prueba y sostuvo que no se detectaron anomalías en el procedimiento migratorio ni en la intervención de los agentes de control.

También se comunicó con su par Paloma Ochoa, que interviene en una causa paralela en los tribunales de Comodoro Py, y le remitió testimonio de las constancias del caso. La investigación buscaba determinar si el cruce de Flávio Bolsonaro por Puerto Iguazú se realizó de manera regular, si existía alguna orden de detención, alerta internacional o limitación que impidiera su paso por la frontera, y si hubo abuso de autoridad o incumplimiento de deberes.

Tras perder las elecciones, Bolsonaro quedó alcanzado por medidas judiciales que le impedían salir de Brasil y le exigían entregar sus documentos de viaje. Sin embargo, viajó en un vuelo privado que salió de Puerto Iguazú, hizo escala en Guayaquil, Ecuador, y luego partió hacia Miami, Estados Unidos, junto con su esposa y sus dos hijas.

En Brasil enfrenta una causa por presunto lavado de dinero, vinculada a operaciones con empresas del abogado Willer Tomaz y plataformas de apuestas. Además, es investigado por el supuesto financiamiento irregular de Dark Horse, una película sobre su padre, Jair Bolsonaro.

En paralelo, en los tribunales federales de Retiro sigue abierta una investigación ante el Juzgado Federal 5, a cargo de María Eugenia Capuchetti, con intervención de la fiscal Paloma Ochoa. El expediente se abrió a partir de dos denuncias presentadas por el diputado Esteban Paulón y el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano.

Capuchetti ordenó medidas preliminares para preservar prueba y reunir información antes de definir si la causa avanza formalmente. Entre ellas, dispuso conservar las filmaciones de los controles fronterizos y del aeropuerto de Puerto Iguazú, y pidió informes a Migraciones y a Cancillería para establecer si Bolsonaro tenía algún impedimento para ingresar al país.

La fiscalía de Iguazú remitió documentación que, de acuerdo con lo actuado en el expediente, permitió concluir que no existían impedimentos legales para frenar el paso de Bolsonaro por territorio argentino. Ese material incluye el informe de la Dirección Nacional de Migraciones sobre las condiciones de ingreso y egreso del excandidato presidencial brasileño, además de la respuesta de Interpol sobre eventuales órdenes de detención, requerimientos judiciales internacionales o restricciones vigentes.