Un bioquímico de 71 años fue detenido en Esquel, Chubut, acusado de mantener encerrados durante un período prolongado a su pareja y a sus tres hijos.

El caso salió a la luz después de que vecinos denunciaran el aislamiento de la familia. A partir de esa presentación, el Ministerio Público Fiscal de Chubut inició una investigación el 10 de octubre por el presunto aislamiento extremo del domicilio y la falta de contacto social de los menores que vivían allí.

Ante los reiterados intentos fallidos de la Policía Comunitaria para establecer contacto con la familia, intervino el Servicio de Protección de Derechos a través de su Equipo Técnico Interdisciplinario. Días después, el hombre se negó a permitir el ingreso de los profesionales y se elaboró un informe de riesgo urgente, en el que se advirtió sobre la extrema vulnerabilidad de los integrantes del hogar.

Ese informe llevó a la Fiscalía a solicitar una orden judicial de allanamiento, que se concretó el 22 de octubre. El procedimiento estuvo encabezado por la procuradora de fiscalía Cecilia Bagnato y la funcionaria Mónica Caveri, con la participación de fuerzas de seguridad y equipos médicos.

Durante el operativo, las autoridades escucharon pedidos de auxilio desde el interior de la casa y entraron de inmediato. Una vez adentro, encontraron a los integrantes de la familia confinados en distintos sectores de la vivienda.

Frente a la gravedad de la situación, Bagnato solicitó al juez interviniente una ampliación de la medida y dispuso la detención del hombre, imputado por el presunto encierro prolongado de su pareja y sus hijos.

Por el momento, la Fiscalía calificó el hecho como abandono de persona agravado por el vínculo, en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad. También indicó que la investigación deberá establecer las circunstancias y el alcance de lo ocurrido.

Tras el allanamiento, los organismos judiciales y sanitarios activaron protocolos de contención y asistencia. Los integrantes de la familia reciben acompañamiento médico y psicológico para evaluar las consecuencias de la presunta privación ilegítima de la libertad.

El Ministerio Público Fiscal señaló que solicitará en audiencia las medidas que considere necesarias para evitar el entorpecimiento del proceso y garantizar el avance de la investigación. Además, informó que se resguardarán la identidad, las imágenes y los datos que permitan localizar a las víctimas.