Reyes cuestionó el decreto por Península Magallanes

La exdiputada nacional puso en duda la legalidad y transparencia de la excepción otorgada para una operación inmobiliaria en Península Magallanes. Desde la Fundación SUR Santa Cruz solicitaron acceder al expediente completo y reclamaron suspender los efectos de la medida.

La decisión del Gobierno de Santa Cruz de autorizar, mediante el Decreto 915/26, una excepción para concretar una operación inmobiliaria en Península Magallanes sumó nuevos cuestionamientos. Esta vez, el planteo fue realizado desde una perspectiva jurídica por la exdiputada nacional Roxana Reyes, presidenta ejecutiva de los equipos técnicos de la Fundación SUR Santa Cruz.

El decreto habilita, de manera excepcional, la venta de un inmueble perteneciente a Lacustre del Sud S.A. a ASB Hospitality Calafate SAU, en el marco del proyecto denominado Master Plan Ecocentro. La normativa establece que la autorización es exclusiva para esta operación y que no podrá ser utilizada como antecedente para futuras solicitudes.

Reyes cuestionó precisamente ese punto y sostuvo que una excepción particular sobre una regulación general puede generar interrogantes respecto de la igualdad ante la ley. En ese sentido, planteó que, si el Gobierno considera necesario modificar las restricciones existentes, debería hacerlo mediante una norma de alcance general.

Reclamo por la falta de información

Otro de los principales cuestionamientos está relacionado con los fundamentos del decreto. Según señaló Reyes, la versión publicada en el Boletín Oficial no incluye los considerandos completos que explicarían las razones técnicas, ambientales y económicas de la decisión.

Para la exlegisladora, conocer esos fundamentos resulta indispensable para que la ciudadanía pueda controlar los actos de la administración pública.

La Fundación SUR Santa Cruz también solicitó que se entregue el expediente completo relacionado con la medida, incluyendo los dictámenes técnicos y jurídicos y la documentación que intervino en el proceso.

Tierras rurales y zona de frontera

El análisis de la organización también plantea interrogantes respecto de la aplicación de la Ley Nacional 26.737 de Tierras Rurales, que establece restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de personas o sociedades extranjeras.

Reyes consideró necesario determinar si la parcela alcanzada por la operación está comprendida dentro de las disposiciones de esa legislación y qué trámites fueron realizados ante los organismos nacionales.

A esto sumó el régimen correspondiente a las zonas de seguridad de frontera, que establece requisitos y autorizaciones para determinadas operaciones inmobiliarias cuando intervienen adquirentes extranjeros.

También reclamó información ambiental

La cuestión ambiental constituye otro de los ejes del planteo. El decreto menciona que el proyecto cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental, aunque su ejecución queda sujeta al cumplimiento de la normativa ambiental, territorial y de conservación vigente.

Reyes cuestionó que esa documentación no se encuentre disponible públicamente y reclamó conocer quién emitió la declaración, cuáles fueron sus fundamentos y qué condiciones fueron establecidas.

En paralelo, planteó la necesidad de garantizar mecanismos de acceso a la información y participación ciudadana, en línea con las normas ambientales nacionales y el Acuerdo de Escazú.

Piden suspender los efectos del decreto

Ante este escenario, la Fundación SUR Santa Cruz solicitó la publicación integral del Decreto 915, el acceso al expediente completo y toda la documentación vinculada con la operación.

Además, pidió suspender los efectos de la medida hasta que pueda verificarse el cumplimiento de las distintas normativas involucradas y se garantice el acceso a la información.

La organización también reclamó una instancia de participación ciudadana en El Calafate antes de que avance el proyecto y anticipó que solicitará formalmente el acceso a la información pública.

Reyes, por su parte, señaló que no descartan recurrir a la Justicia si las respuestas obtenidas no permiten aclarar las dudas planteadas.

Fuente: Ahora Calafate