El conflicto entre el Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables de Santa Cruz (SIPGER) y Pan American Energy (PAE) volvió a subir de tono. El gremio, conducido por Rafael Güenchenen, ratificó el estado de alerta y movilización y puso condiciones para avanzar en cualquier acuerdo que permita la continuidad de la empresa en áreas hidrocarburíferas de la provincia.
El reclamo sindical se concentra principalmente en la incorporación de trabajadores santacruceños, el cumplimiento de la normativa provincial y la presentación de un plan de inversiones concreto que permita recuperar actividad, sumar equipos y avanzar en la incorporación de nuevas reservas.
La posición del sindicato se endureció a pocas horas de una nueva reunión con la operadora, prevista en Buenos Aires. Desde el SIPGER sostienen que no aceptarán nuevas demoras y reclaman que PAE llegue al encuentro con una propuesta concreta, por escrito y con un cronograma verificable.
Uno de los principales puntos de conflicto está relacionado con la composición de las dotaciones que actualmente trabajan en los yacimientos.
Según denunció el sindicato, PAE mantiene trabajadores trasladados desde otras provincias y plantea que los trabajadores santacruceños puedan incorporarse recién cuando se produzcan nuevas vacantes.
Para el gremio, esa postura no permite resolver el conflicto y contradice el régimen de mano de obra establecido por la legislación provincial. En particular, el SIPGER hace referencia a la Ley Provincial 3141, modificada posteriormente por la Ley 3960, que establece el esquema 90/10 para las actividades desarrolladas dentro de Santa Cruz.
Güenchenen sostuvo que durante la conciliación obligatoria la empresa había asumido el compromiso de revisar las dotaciones trasladadas desde Chubut, pero afirmó que posteriormente no se produjeron los cambios esperados.
El dirigente cuestionó además que la compañía haya recurrido a la Justicia y obtenido una medida cautelar que, según planteó, limitó durante varias semanas la acción gremial.
En ese contexto, el secretario general del SIPGER lanzó una advertencia contundente: “Sin trabajo santacruceño no hay prórroga”.
El reclamo no se limita a la situación laboral. El sindicato también cuestionó el alcance de las inversiones que PAE habría planteado para continuar con sus operaciones.
Desde el SIPGER consideran que los compromisos presentados hasta el momento resultan insuficientes para recuperar los niveles de actividad y reclaman que se incorporen nuevos equipos, se incremente la producción y se avance en la búsqueda de nuevas reservas.
Otro de los planteos apunta a diferenciar claramente aquellas inversiones que son nuevas de las obligaciones que la empresa ya tenía asumidas.
En ese sentido, Güenchenen reclamó que cada compromiso sea identificado, cuantificado y acompañado por un cronograma que permita verificar su cumplimiento.
Dentro del conflicto también aparece la situación del área Meseta Cerón Chico.
El sindicato recordó que la Resolución IESC N.º 38/2023 estableció el 17 de agosto de 2026 como fecha de finalización del segundo período exploratorio.
A partir de esto, el gremio exige que el Gobierno provincial informe qué compromisos fueron efectivamente ejecutados por la empresa, cuáles fueron certificados, qué obligaciones permanecen pendientes y bajo qué instrumento administrativo continúa actualmente el área.
Para Güenchenen, una eventual extensión de los plazos debería estar acompañada por inversiones adicionales y no simplemente por el cumplimiento de obligaciones que ya habían sido asumidas previamente.
El planteo del sindicato incluye además una revisión de las obligaciones ambientales vinculadas con las áreas que se encuentran o estuvieron bajo responsabilidad de PAE.
En este punto, el SIPGER anticipó que solicitará información sobre las declaraciones de impacto ambiental vigentes, las auditorías realizadas, el estado de los pozos y las instalaciones, los pasivos ambientales detectados y las tareas de remediación que permanezcan pendientes.
De esta manera, el gremio busca que una eventual continuidad de la operadora contemple no solamente cuestiones laborales y productivas, sino también el cumplimiento de las obligaciones ambientales.
El conflicto se produce en paralelo a las negociaciones relacionadas con la continuidad de PAE en áreas como Anticlinal Grande-Cerro Dragón y Chulengo, cuya prórroga vigente se extiende hasta noviembre de 2027.
Desde el sindicato reclaman que el Gobierno provincial informe con precisión qué instrumento se está negociando actualmente, cuáles son sus alcances y qué condiciones deberá cumplir la empresa en materia de empleo, inversiones, producción y ambiente.
Además, el SIPGER recordó que cualquier nuevo acuerdo de prórroga que corresponda deberá seguir el procedimiento establecido por la legislación provincial y ser remitido a la Cámara de Diputados para su tratamiento.
Por este motivo, el gremio adelantó que buscará mantener reuniones con los distintos bloques legislativos para presentar los antecedentes del conflicto y plantear su posición frente a cualquier eventual acuerdo.
El endurecimiento de la postura sindical también alcanzó al Gobierno de Santa Cruz.
Güenchenen cuestionó a la administración provincial por, según su interpretación, permitir que se mantengan incumplimientos laborales mientras avanza la negociación vinculada con la continuidad de las áreas petroleras.
El dirigente sostuvo que la Provincia debe exigir a la operadora el cumplimiento de las normas vigentes antes de avanzar en nuevos acuerdos y reclamó que las condiciones de cualquier prórroga sean transparentes y conocidas públicamente.
El SIPGER considera que la continuidad de PAE no puede discutirse de manera aislada de la situación laboral de los trabajadores santacruceños.
Ante la falta de respuestas que el gremio considere satisfactorias, el SIPGER anticipó que podría profundizar las medidas de fuerza.
El sindicato mantiene el estado de alerta y movilización en los yacimientos de la provincia y señaló que, si PAE no modifica su postura, existe la posibilidad de convocar a una Asamblea General para definir los próximos pasos.
Güenchenen incluso advirtió que los trabajadores podrían movilizarse hacia Río Gallegos si la empresa continúa sin incorporar mano de obra santacruceña.
La próxima reunión aparece así como un punto clave para intentar destrabar el conflicto. El sindicato pretende que PAE presente una propuesta concreta sobre empleo, inversiones y actividad, mientras que cualquier avance en la continuidad de las áreas petroleras quedará atravesado por las condiciones que plantea el sector de los trabajadores.
Por ahora, la discusión permanece abierta y el estado de alerta continúa vigente. La definición de PAE y la respuesta del Gobierno provincial serán determinantes para conocer si el conflicto encuentra una salida negociada o si, por el contrario, se profundiza la tensión en los yacimientos santacruceños.
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