El conflicto entre el Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables (SIPGER) y Pan American Energy (PAE) volvió a escalar en Santa Cruz. El secretario general del gremio, Rafael Güenchenen, cuestionó el plan de inversiones presentado por la empresa y advirtió que la continuidad de la operadora en la provincia debe estar acompañada por inversiones, generación de empleo local y cumplimiento de la legislación vigente.
La postura sindical se endureció luego de un encuentro en el que PAE presentó los lineamientos previstos para la continuidad de las áreas que actualmente explota en Santa Cruz. Desde el SIPGER consideraron insuficiente la propuesta, particularmente porque mantiene las actuales dotaciones de trabajadores provenientes de otras provincias y deja la incorporación de mano de obra santacruceña supeditada a futuras necesidades.
En ese marco, Güenchenen fue contundente: “PAE debe cumplir o irse”, sintetizando la posición del sindicato frente a la posibilidad de una ampliación de las concesiones de la compañía.
Uno de los principales puntos de discusión es el cumplimiento de la normativa provincial que establece la prioridad para la contratación de trabajadores de Santa Cruz.
Desde el sindicato sostienen que la Ley Provincial 3141, modificada posteriormente por la Ley 3960, debe aplicarse sobre la actividad que desarrolla actualmente PAE en territorio santacruceño. Para la organización gremial, mantener las dotaciones provenientes de otras jurisdicciones no representa una solución frente a la situación laboral que atraviesan las localidades vinculadas a la actividad hidrocarburífera.
El planteo del SIPGER también se relaciona con compromisos que, según el gremio, habían sido asumidos durante la conciliación obligatoria. Güenchenen cuestionó que, una vez finalizada esa instancia, la empresa haya presentado una propuesta que mantiene prácticamente sin modificaciones el esquema de personal.
Para el dirigente, no se trata únicamente de una discusión sindical, sino de una cuestión vinculada al desarrollo económico de la provincia y al futuro de las comunidades petroleras.
Ante la falta de acuerdo, el SIPGER resolvió declarar el estado de alerta y movilización en los yacimientos operados por PAE en Santa Cruz.
La medida abre la posibilidad de nuevas acciones gremiales y forma parte de una estrategia que también contempla trasladar el reclamo al ámbito legislativo. El sindicato anticipó que buscará reunirse con los distintos bloques de la Cámara de Diputados para exponer su posición antes de que se analice una eventual ampliación de las concesiones de la empresa.
Además, los trabajadores prevén movilizarse hacia Río Gallegos cuando el tema llegue a la Legislatura provincial.
Desde el gremio adelantaron que buscarán que cada legislador fije públicamente su posición frente a la propuesta de continuidad de PAE.
El planteo sindical apunta también a las condiciones bajo las cuales PAE podría continuar desarrollando su actividad en Santa Cruz.
Güenchenen sostuvo que la empresa no debería obtener una extensión de sus concesiones sin asumir compromisos concretos respecto de las inversiones, la producción y la generación de puestos de trabajo.
La discusión adquiere especial relevancia en un contexto en el que distintas localidades petroleras de la provincia vienen reclamando una recuperación de la actividad y mayores oportunidades laborales.
Desde el SIPGER consideran que la continuidad de una empresa que explota recursos naturales de Santa Cruz debe traducirse también en beneficios concretos para los trabajadores y las comunidades donde desarrolla sus operaciones.
La disputa no se limita al aspecto laboral. En los últimos meses, Güenchenen también cuestionó públicamente a PAE por cuestiones vinculadas con presuntos pasivos ambientales y el abandono de áreas petroleras.
El dirigente reclamó que se investiguen posibles responsabilidades relacionadas con pozos abandonados, derrames, contaminación de suelos y otras situaciones derivadas de décadas de explotación hidrocarburífera.
El sindicato sostiene que cualquier empresa que opere en la provincia debe responder tanto por sus compromisos laborales como por las obligaciones ambientales establecidas por la legislación provincial y nacional.
No obstante, estos señalamientos forman parte de los reclamos y planteos efectuados públicamente por el sindicato y no implican, por sí mismos, una determinación judicial sobre la existencia de incumplimientos.
Uno de los próximos escenarios de la disputa será la Cámara de Diputados de Santa Cruz.
El SIPGER anticipó que buscará participar activamente del debate cuando se analice la continuidad o ampliación de las concesiones de PAE. La organización pretende que los legisladores conozcan su posición y evalúen las condiciones laborales, productivas y de inversión vinculadas con la compañía.
Para Güenchenen, no puede existir una extensión de los plazos de explotación sin que previamente se garantice el cumplimiento de las obligaciones que, según el sindicato, corresponden a la empresa.
La advertencia marca un cambio de tono en el conflicto: el gremio ya no plantea solamente una discusión sobre la contratación de trabajadores, sino que busca instalar un debate más amplio sobre qué condiciones debe cumplir una petrolera para continuar explotando recursos en Santa Cruz.
Desde el SIPGER remarcaron que la organización agotó las instancias de diálogo y que ahora será necesario avanzar con medidas concretas si PAE mantiene su actual posición.
Güenchenen sostuvo que el sindicato no está en contra de las inversiones privadas ni de la continuidad de la actividad petrolera, pero consideró que las empresas deben asumir responsabilidades acordes con los recursos que explotan.
El dirigente volvió a defender la necesidad de priorizar a los trabajadores santacruceños y cuestionó cualquier esquema que mantenga personal de otras provincias mientras existen trabajadores locales que buscan incorporarse a la actividad.
Con el estado de alerta y movilización ya declarado, el conflicto entre el SIPGER y PAE ingresa así en una nueva etapa, en la que el empleo local, las inversiones y las condiciones para la continuidad de las concesiones serán los principales ejes de una discusión que promete trasladarse de los yacimientos a la Legislatura provincial.
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