Los padres de Emma, una niña de 4 años con síndrome de Down y dispraxia severa del habla, denuncian que la obra social OSDE se niega a cubrir el tratamiento indicado por especialistas y que la Justicia aún no dicta una medida cautelar urgente. El caso ya llegó a la Corte Suprema mientras el tiempo, advierten, juega en contra del desarrollo de la menor.
La situación de Emma expone un conflicto que, según su familia, combina la negativa de la obra social con demoras judiciales que ya llevan más de seis meses. La niña necesita un tratamiento intensivo para mejorar su capacidad de comunicación, pero aún no cuenta con cobertura médica ni con una resolución judicial que obligue a brindarla.
Su padre, Detlev Schupbach, explicó que la familia inició un recurso de amparo luego de que OSDE rechazara la prestación solicitada.
“Solicitamos poder hacer ese tratamiento y la obra social lo rechazó. Entonces empezamos a tramitar un recurso de amparo porque es su derecho poder hacerlo”, señaló.
Sin embargo, el proceso judicial quedó trabado por una disputa de competencia entre juzgados, lo que impidió que se dictara la medida cautelar necesaria para iniciar el tratamiento de manera inmediata.
“Empezaron a tirarse la pelota entre un juzgado y otro y hoy estamos seis meses después sin una respuesta”, afirmó Schupbach.
“La causa está en la Corte Suprema y nosotros esperando acá una solución, con Emma mientras pasa el tiempo”.
Según detalló el padre, la familia ya realizó una primera intervención terapéutica en un centro especializado de Buenos Aires, donde observaron avances significativos en el lenguaje de la niña. Sin embargo, los costos del tratamiento resultan imposibles de afrontar de manera particular.
“Lo primero que hicimos anduvo muy bien, ella mejoró un montón, pero esto hay que hacerlo varias veces al año y es imposible para nosotros cubrirlo. Ahora estamos en manos de OSDE y de la Justicia”, sostuvo.
Por su parte, la madre de la niña, Romina Olmos, fonoaudióloga con más de 20 años de experiencia en el ámbito de la discapacidad, remarcó que la etapa actual es crucial para el desarrollo del lenguaje de Emma y cuestionó con dureza la falta de respuestas institucionales.
“Emma tiene 4 años y los tiempos de ella se están acortando. Este es el momento crucial para su desarrollo, no cuando tenga 10 o 15 años”, expresó.
“Es lamentable que la Justicia esté mirando para otro lado y no se la escuche a Emma”.
Olmos explicó que el diagnóstico de dispraxia severa del habla requiere un tratamiento específico y sostenido en el tiempo, algo que no puede reemplazarse con estimulación domiciliaria.
“No es que la familia no haya trabajado con ella. Esto es algo específico que debe hacerse con especialistas. El tiempo de Emma es hoy”, remarcó.
La madre también cuestionó la postura de la obra social, que ofreció cubrir el tratamiento mediante reintegros que, según indicó, resultan insuficientes frente a los costos reales de la terapia.
“Rechazan la prestación diciendo que no son prestadores de ellos y ofrecen un reintegro mínimo, muy lejos de lo que cuesta realmente el tratamiento”, señaló.
Además, denunció que recientemente OSDE también se negó a cubrir un dispositivo de comunicación con salida de voz, herramienta fundamental para el desarrollo de la niña.
“Antes de ayer recibimos otro comunicado de OSDE donde tampoco quieren cubrir un dispositivo de comunicación. Es lamentable”, afirmó.
La familia sostiene que el problema no es solo económico, sino estructural, y que refleja una lógica burocrática que termina afectando directamente el derecho a la salud de los niños con discapacidad.
“Es increíble que tengamos que llegar al nivel más alto de la Justicia argentina esperando una respuesta por algo que debería resolverse en días”, manifestó Olmos.
Ante la falta de avances, los padres decidieron hacer público el caso y pedir acompañamiento social e institucional para acelerar la resolución judicial.
“Llegamos a un límite. Dijimos basta, esto necesita visibilizarse y empezamos a difundir”, explicó la madre.
En un comunicado difundido en redes sociales, la familia resumió la situación con una frase contundente:
“La justicia que llega tarde no es justicia; es una condena al silencio para Emma”.
Mientras el expediente permanece sin resolución, la niña continúa sin acceso al tratamiento indicado por especialistas, en un escenario que sus padres describen como un abandono tanto por parte de la obra social como del sistema judicial.
Para la familia, el reclamo es simple y urgente: que se garantice la cobertura integral del tratamiento y que la Justicia actúe con la celeridad que exige el derecho a la salud de una niña en pleno desarrollo.
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