Organizaciones ambientales y asambleas territoriales presentaron una demanda colectiva para reclamar la nulidad e inconstitucionalidad de la reforma de la Ley de Glaciares, y denuncian que el expediente quedó en una situación de incertidumbre judicial.
La acción, impulsada por Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), Greenpeace y otras organizaciones, fue presentada el 5 de mayo de 2026 ante el Juzgado Federal de Santa Rosa, a cargo del juez Juan José Baric. Además de los planteos jurídicos, la presentación reúne el respaldo de más de 850.000 firmas.
De acuerdo con el planteo de las organizaciones, medio año después de iniciada la causa todavía no hubo respuesta sobre las medidas cautelares urgentes solicitadas para evitar daños ambientales irreversibles, ni sobre el pedido de inconstitucionalidad de la reforma de la Ley 27.804.
Las entidades sostienen que, tras distintas decisiones procesales, el magistrado declaró la conexidad con una causa iniciada por la provincia de La Pampa y luego archivó sin tratamiento una presentación del equipo legal de la demanda colectiva. También afirman que el expediente original, la prueba técnica y las firmas no figuran incorporados en el expediente electrónico pampeano.
Frente a esa situación, los abogados de las organizaciones presentaron un recurso de revocatoria con apelación en subsidio para que se revierta la decisión de archivar el escrito y restringir el acceso al expediente. Si el pedido es rechazado, solicitaron que intervenga la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca.
Entre los fundamentos técnicos incorporados por las organizaciones, mencionan amenazas concretas e inmediatas en la cordillera, entre ellas el proyecto minero Vicuña, incorporado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), y su eventual impacto sobre el glaciar de escombros GE110, en San Juan.