La nueva Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, sancionada por el Senado el jueves 19 de noviembre, incorpora modificaciones vinculadas con los contratos de alquiler, los reclamos por falta de pago y los mecanismos para recuperar una propiedad.

La votación terminó con 42 senadores a favor y 26 en contra. Entre sus disposiciones, la norma mantiene el plazo mínimo de diez días corridos para que un inquilino regularice una deuda de alquiler de vivienda antes de que el propietario pueda iniciar una demanda de desalojo.

En el caso de las deudas por alquiler, el propietario debe realizar una intimación fehaciente de pago, con el importe reclamado y el lugar donde debe abonarse. Desde la recepción de esa comunicación, el inquilino dispone de un mínimo de diez días corridos para cancelar la deuda, plazo que ya estaba previsto en el artículo 1222 del Código Civil y Comercial de la Nación.

Una de las modificaciones incorporadas refiere a los medios de notificación: la intimación podrá enviarse al domicilio físico o electrónico que el inquilino haya declarado en el contrato. También se mantiene su validez cuando el destinatario se niegue a recibirla o cuando la entrega no pueda concretarse por una circunstancia atribuible al propio inquilino.

El vencimiento de esos diez días no implica un desalojo automático. La restitución forzada del inmueble requiere una resolución judicial. El plazo, en cambio, opera como instancia previa para reclamar el pago antes de acudir a la Justicia.

La normativa también contempla los casos en que el contrato de alquiler vence y el ocupante permanece en la propiedad. En esas situaciones, el reclamo del propietario se basa en el vencimiento del contrato y no necesariamente en una deuda de alquiler. Por eso, el plazo de diez días corresponde específicamente a los procedimientos iniciados por falta de pago.

Para las jurisdicciones alcanzadas por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, la reforma establece que los desalojos, tanto urbanos como rurales, se tramiten mediante un proceso sumarísimo. Además, en casos de falta de pago o finalización del contrato, el propietario podrá pedir la entrega anticipada del inmueble, con decisión a cargo del juez.

La norma prevé, además, la presentación de pruebas documentales y periciales, y la intervención de organismos de protección cuando se compruebe que en el inmueble viven menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo. En esos casos, antes de ejecutar el desalojo, el magistrado deberá dar intervención a los organismos correspondientes y establecer un plazo de hasta diez días para procurar una alternativa habitacional transitoria.

En Santa Cruz, los procedimientos judiciales tienen disposiciones propias. Los artículos 671 y 671 bis del Código Procesal Civil y Comercial provincial ya contemplan un trámite abreviado para desalojos por falta de pago o vencimiento del contrato, siempre que se presente la documentación requerida.

La legislación provincial también permite solicitar la restitución anticipada del inmueble una vez iniciado el proceso judicial. Para ello, el juez debe evaluar si el derecho invocado resulta verosímil y exigir una caución que permita responder por posibles daños.

En localidades como Río Gallegos, Caleta Olivia y El Calafate, la intimación por una deuda de alquiler continúa encuadrada en el Código Civil y Comercial nacional, mientras que el expediente judicial se desarrolla conforme a las reglas procesales de Santa Cruz.

La reforma mantiene, además, disposiciones sobre la finalización del contrato y la entrega de las llaves. El propietario está obligado a recibirlas, aunque puede dejar asentado que mantiene un reclamo por alquileres u otras obligaciones pendientes. Si se niega a recibirlas o no responde, el inquilino puede realizar un depósito judicial.

Para que dejen de generarse alquiler y obligaciones accesorias desde la fecha de notificación al propietario, el depósito debe iniciarse dentro de los diez días hábiles posteriores a esa comunicación fehaciente. Si el procedimiento comienza después de ese plazo, las obligaciones dejan de devengarse a partir de la notificación al propietario del depósito judicial.

Las nuevas disposiciones comenzarán a regir al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. La sanción legislativa y la entrada en vigencia de los cambios, sin embargo, son instancias diferentes.