El Senado realizará este jueves una sesión en la que el eje principal será el tratamiento del proyecto de Ley de Discapacidad, una iniciativa que cuenta con respaldo de distintos sectores políticos y que mantiene los principales puntos de la emergencia vigente hasta diciembre.

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, impulsa el debate para convertir en ley el texto que ya obtuvo dictamen de comisión con apoyo de aliados y del bloque peronista.

La agenda de la anteúltima sesión del año se definirá este miércoles a las 15, durante la reunión de Labor Parlamentaria. Allí también podría incorporarse la ratificación del Tratado en Cooperación en Materia de Patentes y la ley Joaquín, ambas sancionadas por la Cámara de Diputados.

Antes de esa instancia, el martes a la mañana se reunirá la mesa política para terminar de consensuar la agenda parlamentaria que promoverá el oficialismo en las últimas dos semanas del período ordinario. Ese mismo día, a las 15, el Senado debatirá el proyecto de reforma electoral que propone la suspensión de las PASO, con la intención de firmar el despacho de comisión.

Además, el Gobierno espera que la comisión de Presupuesto emita dictamen el martes para que el proyecto pueda debatirse en la sesión del 25 de noviembre.

Bullrich ya había anticipado la semana pasada su intención de avanzar con la sanción de la ley, pese a que el Gobierno prefería postergar la aprobación e incluso había realizado gestiones para introducir cambios al texto aprobado en Diputados.

“Estamos listos para tratar la Ley de Discapacidad en el Senado”, afirmó la semana pasada.

El proyecto, denominado Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, replica en gran medida el esquema de beneficios de la Ley 27.793, aunque elimina su carácter de emergencia y transitoriedad para convertirlo en una norma permanente y de orden público.

Entre sus puntos principales, habilita la compatibilidad entre una pensión no contributiva por discapacidad, equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo, y el trabajo formal o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos vitales y móviles. El beneficio alcanza a los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

También mantiene el nomenclador único, ratifica la actualización automática y periódica de los aranceles de las prestaciones según el índice de movilidad jubilatoria vinculado al IPC y garantiza la cobertura básica de protección médica del programa federal Incluir Salud para quienes perciban la pensión por discapacidad.

En materia de financiamiento, establece que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la del ejercicio fiscal anterior.

Además, prevé un sistema de auditorías periódicas con cruce de información entre ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER, bajo el principio del debido proceso inclusivo. A pedido de los bloques aliados, también se incorporó una cláusula transitoria para el pago de las compensaciones adeudadas a los prestadores y un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la norma.