El intendente Pablo Grasso encabezó este mediodía la firma de un decreto ad referéndum que establece un período de gracia de hasta 90 días corridos para el pago de los derechos y tasas municipales correspondientes a nuevas habilitaciones comerciales.

La rúbrica contó con la presencia del secretario de Producción, Comercio e Industria, Gerardo Mirvois; la diputada nacional Moira Lanesan; Guillermo Polke, de la Federación Económica de Santa Cruz; Leandro Fadul, de la Cámara de Comercio de Río Gallegos; Iris Costa y Ricardo López, de la Asociación de Empresarios Hoteleros, Gastronómicos y Afines; y Pedro Uribe, Graciela Martínez y Graciela Sancho, en representación de la Cámara Inmobiliaria.

Durante el encuentro, el jefe comunal y los referentes del sector privado analizaron la crisis económica que atraviesan el país y la provincia, a la que atribuyeron al rumbo y las decisiones económicas del Gobierno Nacional. En ese contexto, coincidieron en la necesidad de articular políticas locales que funcionen como respaldo para el comercio y la producción.

Los empresarios y dirigentes sectoriales valoraron la decisión del Ejecutivo municipal de poner en marcha herramientas de alivio financiero y destacaron la presencia del Estado local para sostener la inversión privada y las fuentes de trabajo en la capital santacruceña.

Detalles del decreto

El beneficio alcanza únicamente a establecimientos comerciales, productivos o de servicios cuya superficie cubierta total habilitada no supere los 150 metros cuadrados, con foco en pequeños y medianos comercios de cercanía.

La normativa será elevada al Concejo Deliberante para su ratificación y otorga un plazo de 90 días corridos para abonar los derechos y tasas de habilitación previstos en la Ordenanza N° 2038, sin recargos ni intereses. Desde el Ejecutivo aclararon que no se trata de una exención tributaria, sino de una medida para que el nuevo emprendimiento pueda comenzar a generar ingresos antes de afrontar la carga fiscal.

Además, se precisó que la medida no exime al solicitante de cumplir de manera obligatoria y previa con todas las exigencias documentales, técnicas, de zonificación, salubridad, seguridad e higiene vigentes.

Si el titular no cancela los importes dentro del plazo de gracia, la Secretaría de Producción, Comercio e Industria podrá declarar la caducidad de la habilitación y disponer la clausura del establecimiento hasta la regularización de la deuda con los intereses correspondientes.