A pedido del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Río Gallegos y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), el juez federal de garantías Claudio Marcelo Vázquez ordenó más de veinte allanamientos, además de múltiples embargos, requisas y secuestros de vehículos en el marco de dos causas vinculadas entre sí.
En esos expedientes se investiga la presunta conformación de dos organizaciones: una dedicada al tráfico de estupefacientes y otra al lavado de activos.
Los procedimientos se realizaron principalmente en Río Gallegos, El Calafate, estancias de Santa Cruz y Buenos Aires. Estuvieron a cargo de personal de Narcocriminalidad e Investigaciones de la Policía de Santa Cruz, Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional.
En una de las causas se investiga la existencia de una supuesta organización que se dedicaría al transporte de cocaína mediante camiones de una empresa transportista, al menos desde diciembre de 2025. La distribución estaría en manos de dos hombres, uno de ellos encargado de un lavadero, lugar donde se realizarían las entregas del material.
Como desprendimiento de ese caso, también se investiga la posible existencia de una organización encabezada por el empresario Lázaro Báez, actualmente detenido, que se encargaría de administrar, explotar y poner en circulación activos de origen ilícito que habrían sido sustraídos a la ejecución de las condenas en su contra.
Según la información aportada, uno de los posibles integrantes de esa organización sería, a su vez, líder de la banda que se dedicaría al tráfico de estupefacientes en Santa Cruz.
Como resultado de los operativos realizados desde el lunes 9 de noviembre y que continúan este martes, se secuestraron estupefacientes, documentación y diversos vehículos vinculados con los imputados en ambas causas, entre otros elementos.