El Tribunal Internacional del Derecho del Mar abrió en Hamburgo las audiencias por el pedido argentino de medidas provisionales para frenar el proyecto petrolero Sea Lion, en las Islas Malvinas. La discusión quedó planteada desde el inicio entre la posición de la Argentina, que cuestiona la explotación unilateral de recursos en un área en disputa, y la del Reino Unido, que rechazó la competencia del tribunal.
La exposición argentina estuvo encabezada por el embajador Mario Oyarzábal, director general de la Consejería Legal Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y agente de la República Argentina. Ante los 21 miembros del tribunal, sostuvo que Buenos Aires no pide que se resuelva la soberanía, sino que se ordene el cumplimiento de obligaciones sobre la explotación de recursos mientras la controversia de fondo sigue su curso en un arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convemar.
La presentación argentina se apoyó en dos resoluciones de la ONU: la 2065 de 1965, que reconoció la disputa de soberanía, y la 31/49 de 1976, que instó a las partes a no adoptar decisiones unilaterales mientras el conflicto siga abierto. Oyarzábal afirmó que la explotación del yacimiento avanza en contra de ese criterio y planteó que los isleños no pueden apropiarse de los recursos de la plataforma continental en disputa.
También advirtió sobre riesgos ambientales vinculados al proyecto. Mencionó un fallo de un preventor de reventones en abril de 2015 y citó estimaciones del plan de contingencia de una de las licenciatarias, que calculaba en un 30% la probabilidad de que un derrame alcanzara aguas argentinas no sujetas a disputa en un plazo de 30 días.
Del lado británico, la fiscal general Ellie Reeves rechazó la jurisdicción del tribunal y afirmó que las medidas pedidas por Argentina tendrían consecuencias devastadoras para la población de las islas. Sostuvo además que el Reino Unido rechaza la reivindicación argentina sobre la soberanía, aunque dijo que busca un diálogo constructivo sobre cuestiones de interés común en el Atlántico Sur.
La delegación británica también cuestionó la urgencia del planteo argentino. Señaló que las perforaciones se realizan en la zona desde 1998 y que el inicio del proyecto no está previsto antes de 2027. A la vez, indicó que el tribunal arbitral se constituirá antes de cualquier perforación y que eso permitiría resolver la controversia de fondo sin necesidad de una medida urgente.
La decisión del tribunal sobre las medidas provisionales se espera para los próximos días, aunque no se descarta que pueda postergarse hasta la semana siguiente.