La disputa entre la Argentina y el Reino Unido por la explotación petrolera en las Islas Malvinas comenzó a discutirse este martes en la primera audiencia del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), en Hamburgo, Alemania.

El Gobierno argentino presentó su solicitud el 13 de octubre, al invocar el artículo 290 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). Pidió, entre otras medidas, que el Reino Unido impida el inicio o la continuidad de la explotación a través del proyecto Sea Lion; que se abstenga de otorgar nuevos permisos en el área; que preserve la información obtenida durante la exploración; y que proteja el medio marino.

La delegación argentina en Hamburgo está encabezada por María Ibarzabal, secretaria legal y técnica de la Presidencia, junto al embajador Mario Oyarzábal, director general de la Consejería Legal Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores; la embajadora Bettina Pasquali de Fonseca, a cargo de la misión argentina en Alemania; Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, y Santiago Castro Videla, subprocurador del Tesoro de la Nación. Marcelo Kohen actúa como asesor externo y expone el caso argentino.

Buenos Aires basa su posición en las resoluciones 2065 de 1965 y 31/49 de la ONU, que reconocen la disputa de soberanía y llaman a no adoptar decisiones unilaterales mientras la controversia siga abierta. Además, sostiene que la extracción de un recurso no renovable en un área en disputa viola el derecho internacional y que también deben aplicarse los artículos 192 y 194 de la Convemar sobre protección del medio marino.

Del lado británico, no hubo un escrito público previo ante el Tribunal, y se espera que sus argumentos de fondo se conozcan durante las audiencias. En Londres sostienen que el inicio del reclamo argentino no invalida las licencias de las islas ni obliga a frenar el desarrollo hidrocarburífero.

El procedimiento tiene una particularidad técnica: el Reino Unido eligió a la Corte Internacional de Justicia como foro para la solución de controversias prevista en la Convemar, mientras que Argentina optó por el TIDM. Como esas elecciones no coinciden, el fondo del caso deberá resolverse en un arbitraje previsto en el Anexo VII. El tribunal de Hamburgo solo puede intervenir, por ahora, para dictar medidas provisionales mientras se constituye ese ámbito arbitral.

Según el cronograma fijado, la Argentina expuso primero este martes y volverá a hacerlo el miércoles 11. El Reino Unido, en tanto, intervino después de la primera presentación argentina y cerrará el procedimiento el miércoles por la tarde. La decisión del tribunal podría conocerse en un plazo cercano al que marca su reglamento, aunque no hay una fecha confirmada.

El proyecto Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, está ubicado a unas 107 millas náuticas, equivalentes a 198 kilómetros, al norte de las islas, en un bloque de 541 km². Por ahora, el inicio de las perforaciones está previsto para enero de 2027.

Entre los escenarios posibles, el Gobierno argentino considera que el tribunal podría hacer lugar al planteo de manera total, aceptarlo en forma parcial o rechazarlo por falta de jurisdicción prima facie. Ese último desenlace es considerado poco probable por especialistas consultados en el texto original.