El Registro Público de Alimentantes Morosos inscribe a las personas que, según informa la Justicia, incumplen con la cuota alimentaria de sus hijos. Tras la sanción de la Ley 6.771, impulsada por el gobierno de Jorge Macri, el sistema fue fortalecido y hoy cuenta con más de 16.000 inscriptos.

Ese crecimiento se produjo a partir de los convenios que el Ministerio de Justicia de la Ciudad firmó con 15 provincias. Una de las medidas que adoptó Buenos Aires fue impedir el ingreso a estadios de fútbol y eventos culturales masivos a las personas incluidas en el registro.

Además, la Ciudad amplió las restricciones al ámbito de las apuestas en línea y de azar mediante un acuerdo con Lotería de la Ciudad (LotBA). Con ese esquema, quien figure en el Registro Público de Alimentantes Morosos y resulte ganador en la lotería o en apuestas oficiales no podrá retirar su premio ni percibir ganancias hasta regularizar su situación y obtener autorización judicial.

Hernán Najenson, subsecretario de Registro y Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos del Ministerio de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, sostuvo que la política apunta a la concientización social para que los deudores regularicen su situación judicial y cumplan con sus obligaciones parentales.

El registro comenzó a desarrollarse en la Ciudad de Buenos Aires y fue extendiéndose mediante acuerdos de cooperación con distintas provincias. En ese proceso, la integración al programa nacional Tribuna Segura permitió unificar bases de datos y reforzar los controles de acceso en canchas y espectáculos masivos mediante escaneo de DNI y control biométrico.

A mediados de octubre también se realizó el II Encuentro de Autoridades de Registros de Deudores Alimentarios, organizado por el Ministerio de Justicia porteño en el Centro Cultural Recoleta. Participaron representantes de 13 provincias y de los tres poderes estatales a nivel provincial y nacional. La actividad incluyó mesas de trabajo sobre homologación técnica, innovación institucional, cruce de datos y abordaje de la violencia económica.

Como parte de esa jornada, se difundió una nueva edición de la Guía de Buenas Prácticas del Registro Público de Alimentantes Morosos, con el trabajo desarrollado durante el año por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en materia de políticas públicas contra los deudores alimentarios.

Najenson afirmó que, con decisión política y colaboración entre distritos, el Estado puede proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes.