El Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dictó la conciliación obligatoria en el conflicto petrolero por el despido de seis trabajadores de la empresa PECOM y ordenó retrotraer la situación al estado anterior a las desvinculaciones durante la vigencia de la medida.
La decisión apunta a preservar los puestos laborales mientras se desarrolla una instancia de negociación con intervención de la autoridad laboral provincial. Durante el período conciliatorio, los despidos quedan en suspenso a la espera de una solución al conflicto.
La intervención forma parte de las acciones del Gobierno provincial para defender el empleo santacruceño y acompañar a las familias afectadas por las desvinculaciones.
En ese marco, el material aportado incluye una declaración atribuida a Sebastián Santillán, coordinador del Ministerio de Trabajo en Zona Norte:
“Desde el primer momento intervenimos para resguardar los puestos de trabajo”.
Además, se indicó que la actuación del Ministerio de Trabajo se complementa con herramientas de seguimiento del Ministerio de Energía y Minería para las empresas adheridas al programa “Más Producción y Más Trabajo”.
Mediante la Resolución Nº 094/2026, fechada el 25 de agosto, esa cartera estableció que el mantenimiento del empleo constituye uno de los objetivos de interés público provincial que debe considerarse durante la implementación, el seguimiento y la evaluación de los beneficios otorgados bajo el régimen aprobado por el Decreto Provincial Nº 454/2026.
La normativa dispone que las empresas adheridas deben informar a la autoridad de aplicación toda medida que implique una reducción sustancial de la dotación de personal vinculada con sus actividades hidrocarburíferas en Santa Cruz. Esa información debe incluir las causas, el alcance y las circunstancias que permitan evaluar su incidencia sobre los objetivos del programa.
Ante estas situaciones, la resolución prevé la intervención del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para que actúe dentro de sus competencias e informe sobre la situación laboral y su eventual impacto en el mantenimiento del empleo en el sector. Con esos antecedentes, el Ministerio de Energía y Minería debe evaluar integralmente la incidencia de la reducción de personal sobre el cumplimiento de los objetivos del programa.