El financiamiento del saldo de la tarjeta de crédito puede encarecerse hasta 131% anual, en un contexto en el que economistas uruguayos atribuyen las tasas altas al riesgo de impago, la morosidad y los costos operativos de los créditos al consumo.

En diálogo con Ámbito, Nicolás Vidal, economista del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), y José Licandro, exgerente de política monetaria del Banco Central del Uruguay (BCU), coincidieron en que el riesgo de incumplimiento pesa de forma decisiva en el precio del crédito.

Licandro sostuvo que las instituciones financieras tienen poder de mercado para fijar tasas y que los créditos sin garantía son más difíciles de cobrar. Por eso, explicó, cobran intereses más altos para cubrir pérdidas esperadas. También señaló que los préstamos con descuento de sueldo o jubilación, y los hipotecarios, tienen tasas menores porque la morosidad es más baja o la garantía es más fácil de ejecutar.

Vidal afirmó que las tasas del crédito en Uruguay son “muy altas” y cuestionó que se ubiquen tan por encima de la inflación. Agregó que el principal riesgo para quien presta dinero es que no le paguen, sobre todo en segmentos de menores ingresos o con mayor inestabilidad laboral, y sumó los costos de evaluación, administración y cobranza.

Los datos de la Central de Riesgos del BCU muestran una morosidad de 9,6% en el crédito al consumo, frente a 4% en préstamos para automóviles y 0,7% en vivienda. Dentro del consumo, la mora es de 5,1% en los bancos y de 24,4% en las empresas administradoras de crédito. Al 31 de agosto, 299.448 personas, equivalentes al 14,9% de las registradas en la Central de Riesgos, tenían créditos castigados.

Vidal agregó que muchos usuarios eligen una tarjeta por los beneficios y descuentos asociados, y no por la tasa de interés. Licandro, en tanto, apuntó al Banco República (BROU) y dijo que lidera el crédito al consumo, con una tasa que sigue siendo alta en comparación con la inflación.

En paralelo, avanza en Diputados un proyecto de protección de deudores de bajos recursos, impulsado por el Frente Amplio y consensuado con Cabildo Abierto. La iniciativa propone reducir de 55% a 35% el margen por encima de la tasa media del BCU, crear un mecanismo de reestructuración de deudas y limitar prácticas de cobranza consideradas abusivas.

De mantenerse la tasa media actual de 86,12%, el nuevo margen llevaría el tope de 133,49% a 116,26%, según el cálculo con datos de setiembre. Un documento de trabajo del BCU sobre el período 2012-2024 halló que 6,8% de las operaciones de crédito al consumo, equivalentes a 6,1% del capital prestado, se pactó exactamente en el tope legal.

Licandro consideró que la baja podría tener algún efecto positivo para el consumidor, aunque advirtió que puede dejar afuera del mercado a quienes toman créditos a sola firma, sin garantía. Vidal, por su parte, dijo que regular la tasa de interés no es una medida que comparta y que no cree que resulte del todo efectiva.