La jueza federal María Eugenia Capuchetti ordenó medidas de prueba preliminares en una de las denuncias presentadas en Comodoro Py 2002 contra el presidente Javier Milei y otros funcionarios, por la presunta colaboración en el operativo que permitió la salida del senador brasileño Flávio Bolsonaro desde Puerto Iguazú hacia Estados Unidos.
Entre las medidas solicitadas por la fiscal del caso, Paloma Ochoa, y ordenadas por la magistrada, figura el pedido de filmaciones de cámaras de seguridad del 27 al 28 de octubre en el aeropuerto de Puerto Iguazú. También se libraron oficios para consultar si hubo notificación oficial de alertas o avisos desde Brasil sobre la situación judicial de Bolsonaro.
Además, se pidió un detalle a la Dirección Nacional de Migraciones sobre los controles realizados sobre el avión y sus pasajeros. De acuerdo con la denuncia, el dirigente brasileño partió desde ese aeropuerto rumbo a Miami junto a su esposa y sus dos hijas.
Las medidas son preliminares y fueron requeridas antes de definir si corresponde impulsar la investigación de la presentación realizada por el dirigente del Partido Obrero, Gabriel Solano, por supuesto encubrimiento agravado, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, peculado y malversación de caudales.
Solano sostuvo que Bolsonaro ingresó a la Argentina por Puerto Iguazú, en Misiones, y que luego salió del país a las 23.30 del 27 de octubre a bordo de un vuelo privado de la empresa Baires Fly. También planteó que Milei no podía desconocer la restricción para salir de Brasil que, según indicó, había dispuesto el juez del Supremo Tribunal Federal brasileño, Alexandre de Moraes.
En paralelo, la fiscalía de Puerto Iguazú también pidió medidas de prueba tras recibir una denuncia similar presentada por la diputada Marcela Pagano.