El conflicto por la conducción del Centro Chileno de Río Gallegos volvió a quedar expuesto este lunes, cuando un grupo de personas intentó ingresar al edificio a partir de una disposición de la Unidad de Registro Público y Contralor de Personas Jurídicas de Santa Cruz. Desde la actual conducción cuestionaron la medida y sostuvieron que existe una cautelar judicial vigente que impide innovar en materia de autoridades.

El presidente de la entidad, Pedro Díaz, señaló que la situación se produjo en el marco de una judicialización que lleva aproximadamente dos años. Según explicó, lograron contener el intento de ingreso mientras él regresaba a la ciudad y el vicepresidente, Raúl Burgos, quedó a cargo junto con la asesora letrada de la institución, Andrea Camporro.

“Hubo una medida que sacó una disposición de Personas Jurídicas a contramano de la medida de no innovar”, afirmó Díaz. También indicó que, ante el intento de ingreso al edificio, se informó a la escribana actuante sobre la existencia de la medida judicial.

Por su parte, la abogada Andrea Camporro confirmó que se acordó un plazo de 72 horas para intentar alcanzar una resolución y expresó su expectativa de que el conflicto pueda encauzarse mediante el diálogo. “Lamentablemente, esta es la segunda vez que ocurre”, sostuvo.

Camporro cuestionó el procedimiento y dijo que la situación se desarrolló con presencia policial y a partir de una actuación administrativa. En esa línea, remarcó que, a su entender, no hubo una notificación judicial formal que habilitara el avance sobre la conducción de la entidad.

La letrada aclaró que, desde su interpretación, el Centro Chileno no desconoce las órdenes oficiales, sino que atraviesa una situación judicializada desde la renovación de autoridades. Además, señaló que la causa se encuentra en la Cámara de Apelaciones de la Primera Circunscripción.

La disputa tiene antecedentes en 2022, cuando se realizó la asamblea para elegir a la comisión directiva. Luego, en 2024, las autoridades recibieron una resolución de Personas Jurídicas a partir de una presentación que cuestionó la validez de aquella asamblea. Desde entonces, la controversia por la legitimidad de las autoridades siguió en el plano administrativo y judicial.

Durante el episodio de este lunes intervino personal de la División Comisaría Segunda de Río Gallegos. Su jefe, el comisario inspector Miguel Ángel Guzmán, confirmó que finalmente se alcanzó un entendimiento para evitar que la situación escalara.

“Por suerte, han llegado a un acuerdo”, indicó Guzmán, al señalar que se labrará un acta ante escribanos y que se pidió despejar la zona para evitar mayores incidentes.