La cuestión Malvinas sumó un nuevo capítulo en el escenario internacional después de que Estados Unidos propusiera disolver el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, el organismo que aborda cada año la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido.

La iniciativa fue presentada el 15 de octubre de 2026 y, de acuerdo con una comunicación oficial de la ONU, el representante estadounidense sostuvo que el comité requiere una revisión de su funcionamiento y del uso de los recursos del organismo. En ese marco, calificó algunas de sus actividades como un “despilfarro de recursos”.

Para la diplomacia argentina, la propuesta toca un punto sensible, ya que el comité es uno de los ámbitos multilaterales en los que el país sostiene su reclamo por las islas del Atlántico Sur.

En su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente Javier Milei ratificó que Malvinas es una causa nacional y cuestionó la falta de resultados concretos frente a las resoluciones internacionales vinculadas con la disputa. También señaló que persisten acciones unilaterales en la zona en conflicto y planteó dudas sobre la capacidad de los organismos internacionales para hacer cumplir sus decisiones cuando alguna de las partes no las respeta.

En ese contexto, defendió las medidas adoptadas por Argentina frente a la explotación de recursos en la zona disputada. Mencionó presentaciones diplomáticas, herramientas jurídicas, sanciones a empresas involucradas y el envío al Congreso de un proyecto de ley vinculado con la defensa de la soberanía nacional.

La relación entre Buenos Aires y Washington venía mostrando acercamiento político y estratégico desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, con coincidencias en seguridad regional, comercio, minerales críticos, cadenas de suministro, financiamiento internacional y cooperación económica. Sin embargo, la propuesta estadounidense abre ahora un contrapunto en política exterior.

El Comité Especial de Descolonización, conocido como C-24, fue creado en 1961 y actualmente cuenta con 28 integrantes. Su tarea está vinculada con el seguimiento de territorios que Naciones Unidas considera pendientes de descolonización.

En el caso argentino, ese espacio permite reiterar antecedentes históricos y jurídicos del reclamo y pedir que el Reino Unido retome las negociaciones sobre la soberanía. La postura de Argentina se apoya, entre otros antecedentes, en la Resolución 2065 de la Asamblea General de la ONU, aprobada en 1965, que reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre ambos países e invitó a negociar una solución pacífica.

Las distintas administraciones argentinas mantuvieron el reclamo en el plano internacional. En junio de 2024, la entonces canciller Diana Mondino sostuvo ante Naciones Unidas que el tiempo transcurrido desde el inicio de la ocupación británica no alteraba la validez del reclamo argentino. Un año después, Gerardo Werthein cuestionó el uso del principio de libre determinación por parte del Reino Unido como argumento para evitar conversaciones sobre soberanía. En junio de 2026, el canciller Pablo Quirno volvió a reiterar la postura argentina sobre la población de las islas y la posición histórica del país.

La eventual disolución del comité no depende solo de Estados Unidos. Al formar parte de la estructura institucional de Naciones Unidas, su eliminación requiere una decisión de la Asamblea General, por lo que la propuesta deberá seguir el procedimiento correspondiente y reunir apoyos entre los Estados miembros.

En ese escenario, la discusión abre un nuevo interrogante para la política exterior argentina: cómo sostener la cooperación con Washington sin resignar los espacios diplomáticos que el país considera relevantes para la cuestión Malvinas.