La exdiputada nacional Roxana Reyes y el abogado Javier Stoessel presentaron una denuncia penal ante el juez de Instrucción en turno de Río Gallegos para que se investiguen presuntas irregularidades en la contratación entre la empresa estatal provincial Santa Cruz Puede S.A.U. y la firma South Horizen S.A.S..
La presentación busca determinar si los hechos encuadran en un delito de acción pública, en particular el previsto en el artículo 174 inciso 5, en función del artículo 173 inciso 7 del Código Penal, vinculado con la administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
De acuerdo con el escrito judicial atribuido a Reyes, el contrato fue firmado por Gustavo Adrián Sívori, en su carácter de presidente del directorio de Santa Cruz Puede S.A.U., y por Eugenio Fernando Grela, como administrador titular de South Horizen S.A.S.
La denuncia también plantea que la investigación podría extenderse a otros integrantes de los órganos de administración o fiscalización de la firma estatal, o a terceros.
En el material aportado se menciona además que Eugenio Fernando Grela es licenciado en Estrategia y Organización, tiene 60 años y domicilio en Avenida San Martín 2795 de Río Gallegos. También se indica que South Horizen S.A.S. fue constituida como sociedad unipersonal el 16 de marzo de 2026, con un objeto social amplio que incluye compraventa de alimentos, bebidas y artículos de limpieza, además de servicios de logística, almacenamiento y transporte de cargas.
Reyes ya había apuntado antes contra Santa Cruz Puede. En agosto, sostuvo que el Tribunal de Cuentas habría detectado pagos de pasajes a Grela y erogaciones por unos $400 millones realizadas en diciembre sin documentación respaldatoria suficiente. En septiembre, mencionó un episodio en el Bodegón “Alma”, dentro del predio de la empresa estatal, donde Grela se habría presentado primero como dueño y luego como inquilino.
La exdiputada también cuestionó que Santa Cruz Puede compita en más de 60 actividades con el sector privado mientras recibe recursos del Estado. En esa línea, afirmó: “Si tenemos una empresa del Estado que compite en más de 60 actividades, nadie va a querer venir a invertir a Santa Cruz”.
En agosto, la Federación Económica de Santa Cruz, la Cámara de Comercio de Río Gallegos y la Asociación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos difundieron un comunicado conjunto en el que cuestionaron el rol de la empresa y su inscripción como proveedora del Estado en distintos rubros.
Por su parte, Gustavo Sívori rechazó las acusaciones de competencia desleal y defendió el funcionamiento de la empresa. Sostuvo que el eje debe ponerse en el beneficio para los consumidores y señaló que Santa Cruz Puede no recibe partidas presupuestarias de la Administración Central, sino que funciona con autarquía financiera. Además, anunció en octubre la apertura de un registro oficial de proveedores para pymes y comercios locales.