Lanesan cuestionó el Decreto 608 y defendió la independencia judicial

La diputada nacional presentó un proyecto de declaración en la Cámara de Diputados para expresar su preocupación por la aplicación del decreto provincial sobre jueces y funcionarios judiciales. Advirtió que la medida podría afectar la estabilidad y la independencia del Poder Judicial de Santa Cruz.

La diputada nacional por Santa Cruz Moira Lanesan Sancho presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de declaración para expresar su “repudio y preocupación” ante lo que considera un avance del Poder Ejecutivo provincial sobre la independencia del Poder Judicial.

La iniciativa cuestiona la aplicación del Decreto N.º 608/2024, vinculado con la reglamentación de la Ley Previsional N.º 1782, particularmente en aquellos casos que involucran a magistrados y funcionarios judiciales. El proyecto lleva también las firmas de los diputados Ana María Ianni, Kelly Olmos, Juan Carlos Molina, Sergio Dolce y Paulo Agustín Tita.

Críticas al alcance del decreto

Según planteó Lanesan, el decreto establece mecanismos de notificación y plazos para el cese de actividades de trabajadores estatales, pero su aplicación sobre integrantes de la Justicia podría generar una afectación de garantías vinculadas con la independencia, estabilidad e inamovilidad de los magistrados.

La legisladora sostuvo que la discusión no debería ser abordada únicamente desde una perspectiva previsional, ya que, a su entender, también involucra el funcionamiento institucional de uno de los poderes del Estado.

En los fundamentos del proyecto, afirmó que el Poder Ejecutivo no debería utilizar sus facultades reglamentarias para intervenir, de manera directa o indirecta, en la composición del Poder Judicial.

Advertencia por posibles vacantes judiciales

Otro de los cuestionamientos planteados por la diputada apunta a las consecuencias que podría generar la aplicación del decreto sobre los integrantes de la magistratura.

Lanesan advirtió que el mecanismo podría derivar en vacantes judiciales producidas de manera compulsiva y consideró que, en el marco del actual escenario de tensión entre el Ejecutivo provincial y la Justicia, esto podría abrir la posibilidad de modificar la composición de los tribunales.

La diputada sostuvo que la estabilidad de los jueces constituye una garantía destinada a evitar que los cambios en las mayorías políticas puedan traducirse en modificaciones discrecionales de la integración de los tribunales.

El decreto está judicializado

El proyecto presentado en el Congreso también señala que la aplicación de la medida se encuentra impugnada ante el tribunal competente.

De acuerdo con los argumentos expuestos por Lanesan, el decreto podría generar cuestionamientos vinculados con el principio de irretroactividad y con derechos adquiridos. También planteó una posible contradicción con la Ley Provincial de Procedimiento Administrativo N.º 1260.

Pedido al Gobierno provincial

La iniciativa presentada en la Cámara baja busca que el Poder Ejecutivo de Santa Cruz se abstenga de modificar mediante actos administrativos la permanencia de magistrados y funcionarios judiciales.

Además, Lanesan reclamó que las decisiones relacionadas con el Poder Judicial se ajusten a la Constitución Nacional, la Constitución de Santa Cruz y la Ley Orgánica del Poder Judicial.

“Se trata de defender una regla esencial de la democracia: ningún poder del Estado debe someter, condicionar o modificar discrecionalmente la integración de otro poder”, sostuvo la legisladora al fundamentar su iniciativa.

El planteo vuelve a colocar en el centro del debate la relación entre los poderes del Estado provincial y el alcance de las facultades del Ejecutivo en materia previsional, en un contexto de discusión sobre la composición y el funcionamiento de la Justicia santacruceña.