Franco Mascheroni, secretario general del gremio de trabajadores judiciales de Santa Cruz, cuestionó la decisión del Tribunal Superior de Justicia de descontar diez jornadas de paro. El dirigente aseguró que los trabajadores atraviesan una situación económica crítica y reclamó la reapertura del diálogo con las autoridades.
El conflicto entre los trabajadores judiciales de Santa Cruz y el Tribunal Superior de Justicia sumó un nuevo capítulo luego de la resolución que dispuso descontar de los salarios diez días correspondientes a medidas de fuerza realizadas por el sector.
En diálogo con este medio, el secretario general del gremio de trabajadores judiciales, Franco Mascheroni, calificó la medida como una “afectación brutal” sobre los ingresos de los trabajadores y cuestionó que se haya tomado mientras permanecen pendientes compromisos salariales acordados durante 2025.
Según explicó el dirigente, el Tribunal Superior había cerrado dos acuerdos paritarios durante el año pasado, pero desde enero dejó de cumplir con lo acordado. Afirmó que el sector acumula actualmente casi ocho meses de incumplimientos salariales.
Mascheroni recordó que el gremio decidió levantar las medidas de fuerza luego de que una Asamblea Provincial resolviera apostar por una instancia de diálogo con el nuevo Tribunal Superior de Justicia.
El objetivo, explicó, era conocer cómo se instrumentaría el pago de la recomposición salarial adeudada y cuál sería el cronograma para afrontar la retroactividad generada desde enero.
“Nos dejaron de pagar en enero. Eso fue generando toda una retroactividad terrible”, sostuvo el dirigente, quien señaló que durante aproximadamente dos semanas esperaron respuestas antes de conocer la decisión de aplicar los descuentos.
Para Mascheroni, la resolución terminó afectando a trabajadores que ya atraviesan dificultades económicas y que, al igual que otros sectores de la sociedad santacruceña, tienen compromisos con bancos, tarjetas de crédito, servicios y alquileres.
Ante la decisión del TSJ, la comisión directiva del gremio resolvió instalar una carpa frente al edificio del Tribunal Superior de Justicia.
La protesta comenzó esta semana y continuará durante los próximos días. Según explicó Mascheroni, los trabajadores permanecerán en el lugar de 7 a 14 horas, en principio durante toda la semana próxima, hasta obtener una respuesta de las autoridades.

El dirigente explicó que eligieron ese horario para visibilizar el reclamo sin generar mayores inconvenientes al resto de la comunidad.
“No queremos molestar a la sociedad”, señaló, al remarcar que los judiciales también comprenden la compleja situación económica que atraviesa Santa Cruz.
Otro de los puntos cuestionados por Mascheroni fue el operativo de seguridad dispuesto en el edificio del Tribunal Superior.
El dirigente afirmó que las puertas permanecieron cerradas y cuestionó que un edificio público no permita el ingreso de trabajadores o ciudadanos. Al mismo tiempo, destacó que el trato recibido por parte de los efectivos policiales fue correcto y aclaró que el gremio no busca generar ningún enfrentamiento.
“Nosotros no buscamos en ningún momento la confrontación”, afirmó.
Según relató, los trabajadores incluso tuvieron dificultades para utilizar los sanitarios del edificio, por lo que anticipó que instalarán un baño químico junto a la carpa.
Mascheroni cuestionó el criterio utilizado para descontar los días de paro y sostuvo que una medida de este tipo golpea directamente a trabajadores que ya tienen salarios deteriorados.
En ese sentido, puso como ejemplo la situación de un empleado judicial que recién ingresa al Poder Judicial y, según estimó, percibe actualmente alrededor de 1,5 millones de pesos.
“Si vos le descontás a esa persona, no llegás a ningún lado de lo que está peleando todo el resto”, planteó.
El dirigente también cuestionó la diferencia entre los incrementos salariales y la inflación proyectada y sostuvo que, desde su perspectiva, los aumentos acordados no alcanzan para recomponer el poder adquisitivo perdido.

Durante la entrevista, Mascheroni amplió su análisis más allá del conflicto judicial y aseguró que la crisis alcanza a distintos sectores de la sociedad.
Mencionó las dificultades que atraviesan trabajadores públicos y privados, el cierre de comercios y empresas y el crecimiento de personas que recurren a actividades como el transporte mediante aplicaciones para generar ingresos.
En ese marco, rechazó la idea de que quienes trabajan como conductores de aplicaciones lo hagan necesariamente por elección.
“No le encanta, lo que pasa es que no llega”, sostuvo, al considerar que muchas personas recurren a esas actividades luego de perder otras fuentes laborales.
También cuestionó la utilización política de los conflictos sociales y reclamó que los distintos sectores de la dirigencia abandonen las disputas en redes sociales para concentrarse en encontrar soluciones.
Mascheroni también se refirió a las condiciones en las que funciona actualmente el Poder Judicial de Santa Cruz y vinculó la discusión salarial con la necesidad de contar con mayores recursos.
Sostuvo que cualquier reforma del sistema judicial requiere inversión y cuestionó que el presupuesto destinado al sector no acompañe las necesidades existentes.
Según los números mencionados durante la entrevista, el TSJ había solicitado en un período anterior alrededor de 180.000 millones de pesos, aunque recibió aproximadamente 165.000 millones. Para el año actual, afirmó, el presupuesto se habría reducido a unos 155.000 millones, en un contexto de inflación superior al 30%.
“Tenés los edificios detonados, salarios golpeados. ¿Qué reformas?”, cuestionó.
El secretario general consideró que no alcanza con plantear cambios en el sistema judicial si no se destinan los recursos necesarios para implementarlos.
Mascheroni también habló sobre su reciente incorporación a la conducción de la CTA y planteó como objetivo construir una central sindical con mayor presencia y participación de las organizaciones.
El dirigente llamó a fortalecer la unidad del movimiento obrero y destacó el acompañamiento recibido durante el conflicto judicial por parte de distintos sindicatos y organizaciones.
Mencionó la presencia y los mensajes de solidaridad recibidos de trabajadores de distintos sectores, entre ellos representantes de organizaciones bancarias, docentes y otros gremios.
“Tenemos que estar unidos”, afirmó.
Consultado sobre cómo continuará el reclamo, Mascheroni fue contundente: el gremio mantendrá la presencia frente al Tribunal Superior hasta conseguir una instancia de diálogo.
“No nos importa. Nos vamos a quedar un mes, dos meses”, afirmó, aunque volvió a remarcar que la protesta se desarrollará procurando no perjudicar al resto de la sociedad.
El dirigente insistió en que el objetivo no es confrontar con los integrantes del Tribunal, sino lograr que las autoridades reciban a los trabajadores y revisen la decisión de descontar los diez días de paro.
“Somos un sindicato, un secretario general que te pide diálogo”, expresó.
Mientras la carpa continúa instalada frente al máximo tribunal provincial, el conflicto permanece abierto. Los judiciales reclaman que se revierta el descuento, se cumplan los acuerdos salariales pendientes y se abra una instancia formal de negociación.
Para Mascheroni, la discusión excede el reclamo de un sector: “Nosotros somos trabajadores y trabajadoras con necesidades como todos”, sostuvo, al agradecer además el acompañamiento de vecinos que se acercan al acampe para expresar su solidaridad.
Entrevista Completa: Facebook
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