Decreto 608: críticas y alerta en la Caja de Previsión

El decreto 608 volvió a generar preocupación entre trabajadores estatales y representantes de la Caja de Previsión Social de Santa Cruz. La medida, que modifica el procedimiento vinculado con quienes ya iniciaron sus trámites jubilatorios, fue cuestionada por el vocal por los activos de la CPS, Cristian Sánchez, quien advirtió sobre sus posibles consecuencias tanto para los trabajadores como para el sistema previsional.

En una entrevista, Sánchez explicó que la situación tomó especial relevancia luego de una sesión extraordinaria convocada por el presidente de la Caja, en la que se presentaron 27 expedientes jubilatorios que, según se informó durante el encuentro, quedarían alcanzados por el decreto.

El vocal relató que junto a la vocal por los pasivos, Viviana Carabajal, decidieron retirarse de la reunión al considerar que no correspondía avanzar con el tratamiento de esos expedientes bajo las nuevas condiciones sin antes analizar el alcance legal de la medida.

“Nosotros no vamos a hablar de este tipo de jubilaciones”, señaló Sánchez al referirse a la decisión adoptada durante aquella reunión, y explicó que la situación fue advertida públicamente luego de que distintos medios comenzaran a consultar sobre lo ocurrido.

Qué cambia con el decreto 608

Uno de los principales cuestionamientos planteados por Sánchez está relacionado con el mecanismo que se aplicaba hasta ahora para quienes iniciaban un trámite jubilatorio.

Según explicó, una persona podía reunir los requisitos para acceder al beneficio, iniciar su expediente y, una vez otorgada la jubilación, decidir cuándo presentar su renuncia al cargo que ocupaba. Ese margen permitía que algunos trabajadores continuaran durante meses o incluso años en actividad con el objetivo de mejorar el porcentaje de su futuro haber jubilatorio.

El decreto 608 modifica ese esquema.

De acuerdo con la explicación brindada por el vocal, una vez notificado el trabajador, el empleador debe comunicarle la situación y se establece un plazo de 30 días para resolver. En determinadas circunstancias puede existir una prórroga de hasta 180 días.

Si el trabajador no formaliza la renuncia, la medida contempla que deje de percibir el haber correspondiente a un trabajador activo y pase a cobrar como jubilado.

“Este decreto directamente tira por tierra” el mecanismo anterior, sostuvo Sánchez, quien remarcó que la modificación alcanza particularmente a quienes ya habían iniciado sus expedientes y habían optado por continuar trabajando antes de concretar su retiro.

La situación de las magistradas

Uno de los puntos que mayor preocupación generó durante la entrevista fue el impacto de la medida sobre tres magistradas del Tribunal Superior de Justicia.

Sánchez sostuvo que las juezas se encuentran alcanzadas por el decreto y cuestionó la situación a partir de lo establecido por la Constitución Provincial respecto de la permanencia y remoción de los integrantes del máximo tribunal.

Según explicó, las magistradas mantuvieron una reunión con los representantes de la Caja y adelantaron que avanzarán por la vía judicial. Previamente, habrían enviado una carta documento intimando al organismo previsional para que se expida sobre la situación y, posteriormente, presentarían un recurso de amparo.

El vocal indicó además que, de acuerdo con lo manifestado por las propias magistradas, la cuestión podría llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El trasfondo político y el temor a una reforma previsional

Sánchez vinculó la discusión generada por el decreto con otro de los conflictos que atraviesan actualmente a la Caja de Previsión Social: las deudas y aportes pendientes de los municipios.

Para el vocal, ambos temas deben analizarse dentro de un contexto más amplio y podrían formar parte de una discusión que eventualmente derive en una modificación de la legislación previsional vigente.

En ese sentido, recordó que durante los primeros meses de 2026 había circulado un proyecto relacionado con una eventual emergencia económica y previsional, que incluía modificaciones a la ley que regula el sistema.

Sánchez manifestó que, aunque desde el Gobierno se negó entonces la existencia de ese proyecto, posteriormente se conocieron documentos que, según su interpretación, contenían elementos similares.

“Creo que tenemos que estar muy atentos”, advirtió, al tiempo que llamó a los trabajadores estatales y a los legisladores a seguir de cerca cualquier iniciativa que pueda modificar el actual régimen previsional.

Para el vocal, una modificación de las reglas mediante decretos podría abrir un escenario de mayor conflictividad y generar las condiciones para una reforma integral del sistema.

Más jubilados y menos aportantes

Otro de los aspectos centrales de la entrevista fue el posible impacto económico del decreto sobre las cuentas de la Caja.

Sánchez explicó que actualmente el organismo procesa aproximadamente entre 100 y 150 jubilaciones por mes, considerando las distintas reuniones de directorio que se realizan habitualmente.

La aplicación del decreto podría incrementar considerablemente esa cantidad al acelerar el paso de trabajadores activos hacia la pasividad.

El problema, según planteó, es que cada trabajador que deja de estar en actividad también deja de realizar aportes al sistema.

“Vas a sacar personal activo, que hoy está aportando, y lo vas a pasar justamente a la pasividad”, explicó.

Por ese motivo, consideró que una aplicación masiva de la medida podría tener un efecto negativo sobre el equilibrio financiero del sistema, especialmente si no se contempla simultáneamente cómo garantizar los recursos necesarios para afrontar el crecimiento de la cantidad de jubilados.

Sánchez sostuvo que este escenario podría terminar debilitando el sistema y, desde su perspectiva, generar presión para impulsar posteriormente una modificación de la ley previsional.

Reuniones con sindicatos y presentación judicial

Frente al nuevo escenario, el vocal adelantó que los representantes de la Caja mantendrán reuniones con distintos sectores sindicales.

Sánchez señaló que ya había mantenido encuentros con representantes de Judiciales y que posteriormente se reuniría con integrantes de otras organizaciones gremiales que solicitaron conocer con mayor detalle el alcance del decreto.

Además, informó que se presentó ante el estudio jurídico que representa a los vocales para avanzar con un pedido de pronto despacho, con el objetivo de que la Justicia se expida sobre la cuestión de fondo vinculada con el decreto 608.

La discusión central pasa por determinar si una norma de estas características puede modificar los efectos establecidos por una ley vigente y si la medida resulta compatible con el marco constitucional.

Mientras tanto, el decreto continúa vigente.

La disputa por los aportes municipales

La entrevista también abordó otro de los conflictos que atraviesan a la Caja: los aportes previsionales correspondientes a los municipios.

Sánchez aclaró que, en términos generales, los vocales coinciden en que los fondos que corresponden a la Caja deben ser transferidos. Sin embargo, consideró que el problema está relacionado con cómo se concretan esos pagos y bajo qué condiciones.

Según explicó, existen municipios con situaciones financieras muy diferentes y algunos atraviesan dificultades importantes para cumplir con sus obligaciones.

El vocal puso como ejemplo las dificultades que enfrentan algunas administraciones municipales para afrontar gastos como el pago de aguinaldos y sostuvo que la discusión debería darse dentro de un marco que contemple una solución general para todos los municipios.

En este punto, volvió a plantear la necesidad de discutir una nueva ley de coparticipación, una demanda que, según señaló, lleva años formando parte de la agenda provincial.

Para Sánchez, el debate sobre los recursos municipales y los fondos destinados a la Caja no puede analizarse de manera aislada, ya que detrás de la discusión existe una cuestión estructural relacionada con la distribución de los recursos en Santa Cruz.

Preocupación entre los trabajadores

Otro de los efectos que, según Sánchez, ya puede observarse es el aumento de las consultas por parte de trabajadores que se acercan a la Caja para conocer su situación previsional.

El vocal explicó que cada vez que aparece una modificación normativa o un rumor sobre posibles cambios en el sistema, los trabajadores buscan información para saber qué ocurrirá con sus futuros beneficios.

“Empieza a ponerse la Caja de Previsión en charla y la gente sale toda asustada”, describió.

En ese contexto, señaló que desde las vocalías buscan brindar asesoramiento a quienes consultan y explicarles las diferentes alternativas que tienen según su situación laboral y previsional.

Las demoras en las jubilaciones docentes

Sánchez también se refirió al funcionamiento interno de la Caja y reconoció que hubo avances en los tiempos de resolución de los expedientes jubilatorios.

Sin embargo, señaló que todavía persisten dificultades particularmente en el caso de los trabajadores docentes.

Explicó que existen expedientes que llevan varios años en trámite y mencionó el caso de un trabajador del interior provincial cuyo expediente se encontraba iniciado desde 2022 y todavía no había obtenido una resolución.

Una de las dificultades, según detalló, radica en que la Caja necesita información que debe ser remitida por los organismos donde presta servicios el trabajador.

En el caso de los docentes, el proceso puede resultar aún más complejo debido a que muchos desempeñan funciones en diferentes establecimientos, localidades o instituciones a lo largo de su trayectoria laboral.

Esto obliga a reunir información de distintos lugares antes de completar el expediente.

La propuesta de agilizar los trámites

Frente a esta situación, Sánchez consideró necesario avanzar hacia un sistema que permita que cada organismo tenga una estructura previsional capaz de preparar y remitir los expedientes con la documentación necesaria.

Como ejemplo positivo mencionó el funcionamiento del área previsional de la Policía de Santa Cruz, cuyos expedientes llegan a la Caja con buena parte del trabajo administrativo ya realizado.

También destacó una experiencia similar que comenzó a implementar la Municipalidad de Caleta Olivia.

Según explicó, este tipo de mecanismos permite reducir el volumen de documentación, ordenar los expedientes y acelerar los tiempos de resolución, además de contar con el historial laboral correspondiente.

El consejo para quienes están próximos a jubilarse

Ante la incertidumbre generada por el decreto 608, Sánchez fue consultado sobre qué debería hacer un trabajador que se encuentra próximo a cumplir los requisitos jubilatorios.

Su respuesta fue contundente: si una persona cumple las condiciones y quiere jubilarse, debería iniciar el expediente; pero si pretende continuar trabajando, debería evaluar cuidadosamente la decisión de comenzar el trámite bajo el nuevo escenario.

El motivo es que, una vez iniciado el expediente y aplicadas las disposiciones del decreto, el trabajador podría quedar alcanzado por el mecanismo de intimación y posterior jubilación.

Sánchez aclaró que quienes todavía no iniciaron el trámite y cumplen las condiciones pueden continuar trabajando, aunque advirtió que también existe la posibilidad de que el empleador intime al trabajador a iniciar el proceso.

En ese caso, el tiempo de permanencia en actividad podría verse condicionado por la rapidez con la que se complete el expediente y se otorgue el beneficio.

Una mirada sobre la situación de los trabajadores

Hacia el final de la entrevista, Sánchez amplió su análisis y se refirió a la situación económica que atraviesan los trabajadores estatales.

Señaló que en las consultas que recibe diariamente muchas veces la discusión previsional termina derivando en problemas relacionados con el costo de vida, el endeudamiento y las dificultades para afrontar gastos básicos.

Mencionó situaciones de trabajadores que recurren al uso de tarjetas o diferentes mecanismos para llegar a fin de mes y sostuvo que el nivel de endeudamiento constituye una de las principales preocupaciones.

Para el vocal, uno de los problemas más graves es la posibilidad de perder el empleo, en un contexto económico que ya genera dificultades para numerosos trabajadores y familias.

Críticas a la dirigencia política

Sánchez también fue consultado sobre sus expectativas de cara al próximo escenario electoral y reclamó a los futuros candidatos que presenten proyectos de largo plazo para la provincia.

En lugar de propuestas vinculadas exclusivamente con una gestión, planteó la necesidad de contar con planes que contemplen objetivos para varios períodos de gobierno.

“Me gustaría un candidato que venga y me diga: mi proyecto de trabajo es de diez, doce años”, expresó.

Para el vocal, Santa Cruz necesita dirigentes capaces de establecer objetivos concretos y asumir compromisos de largo plazo, tanto a nivel provincial como municipal.

También cuestionó la falta de cumplimiento de algunas promesas y llamó a recuperar una visión estratégica que permita abordar problemas estructurales como el sistema previsional, la coparticipación y la situación económica de los trabajadores.