La Justicia pone la lupa sobre los bienes de Adorni

La investigación judicial sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó nuevos avances y podría ingresar en una etapa decisiva en las próximas semanas. El fiscal federal Gerardo Pollicita trabaja en un requerimiento para que el funcionario explique el origen de una serie de bienes que, según las primeras evaluaciones, no tendrían correlato con los ingresos declarados.

Para avanzar con esa definición, la fiscalía aguarda un peritaje contable encargado a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), organismo que deberá determinar si existe una diferencia patrimonial injustificada y cuál sería su alcance.

En paralelo, se analiza la trazabilidad de operaciones realizadas con criptomonedas. La pesquisa se desarrolla mientras Adorni todavía no presentó su última declaración jurada patrimonial, cuya publicación había sido prometida semanas atrás tanto por el propio funcionario como por el presidente Milei. Los informes técnicos podrían estar finalizados dentro de unos 90 días. Con esos elementos, se evaluará si corresponde intimar al jefe de Gabinete para que justifique el origen de los fondos utilizados en las adquisiciones. Si las explicaciones resultan satisfactorias, el expediente podría cerrarse; de lo contrario, Pollicita quedaría en condiciones de solicitar una declaración indagatoria.

Al mismo tiempo, Adorni enfrenta otra investigación que tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo. La causa está vinculada a los contratos de coproducción celebrados entre la TV Pública y la empresa Imhouse, propiedad de Marcelo Grandio, un empresario con quien el funcionario mantiene una relación cercana.

En ese expediente, la Justicia analiza presuntas transferencias de dinero desde la firma hacia Adorni realizadas antes de su llegada al Gobierno. Como parte de las medidas de prueba, se ordenaron cruces de comunicaciones telefónicas y análisis de geolocalización para establecer la existencia de posibles intermediaciones incompatibles con la función pública o eventuales dádivas. Fuentes judiciales señalaron que la resolución de las últimas medidas pendientes podría acelerar el avance de la causa y abrir la puerta a nuevas definiciones antes del inicio de la feria judicial de invierno.