Alicia Kirchner pidió citar a funcionario por restricciones a la prensa

La senadora nacional por Santa Cruz, Alicia Kirchner, solicitó formalmente la comparecencia del secretario de Comunicación, Javier Lanari, para que brinde explicaciones sobre las medidas que limitaron el ingreso de periodistas a la Casa Rosada.

El planteo fue dirigido a la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado, con el objetivo de que el funcionario detalle los criterios adoptados para restringir el acceso de los trabajadores de prensa y los fundamentos legales de esa decisión.

La legisladora sostuvo que el acceso a la sede gubernamental es un derecho esencial para garantizar la transparencia de los actos de gobierno y el control ciudadano sobre la gestión pública. En ese sentido, remarcó que cualquier limitación al trabajo periodístico debe estar debidamente justificada y aplicarse de manera excepcional.

Preocupación por la libertad de expresión

Además del pedido de citación, la senadora presentó un proyecto de declaración en el que manifestó su inquietud por lo que considera un deterioro progresivo en las condiciones para el ejercicio del periodismo en el país.

Entre los argumentos expuestos, señaló que en los últimos meses se registraron acciones y discursos oficiales que podrían afectar la labor informativa, incluyendo medidas administrativas que restringen el acceso de medios a dependencias públicas.

La iniciativa también advierte que el uso de normas o protocolos de seguridad no debería convertirse en una herramienta para limitar la crítica o el control sobre los funcionarios públicos, y subraya que la libertad de expresión constituye uno de los pilares fundamentales del sistema democrático.

El origen de la medida

La restricción al ingreso de periodistas se dispuso luego de una denuncia por presunto espionaje vinculada a la difusión de imágenes tomadas dentro del edificio gubernamental. Como medida preventiva, se suspendieron credenciales y sistemas de acceso de los trabajadores de prensa acreditados.

La decisión generó críticas de distintos sectores periodísticos y organizaciones vinculadas a la defensa de la libertad de prensa, que consideraron la medida como un hecho inusual y de fuerte impacto institucional.