Este yacimiento, del cual solo queda un inmenso socavón a cielo abierto, está ubicado a unos 50 km. al este de la localidad de Gobernador Gregores y el legislador manifestó que se desconoce si hubo acciones de mitigación y cumplimiento del plan de cierre de minasalgo que está contemplado a la Ley Nacional N° 25675 y la Ley provincial 3751.
Además, en declaraciones de prensa, dijo que quiere saber si la autoridad de aplicación, la Secretaría de Minería de Santa Cruz, se ha hecho presente para llevar adelante inspecciones, verificaciones y controles.
En ese sentido puso de relieve que “la etapa de cierre de una mina es más que relevante ya que se debe recuperar el lugar donde se desarrolló la extracción, al estado previo a la explotación”.
“Al ser un recurso natural no renovable de propiedad santacruceña, se debe plantear de manera urgente la delimitación de responsabilidades de una operadora minera y si existe connivencia de la autoridad de aplicación frente a la existencia de graves consecuencias ambientales que van en contra del principio precautorio y de prevención”, precisó.
Al mismo tiempo sostuvo que “la comunidad gregorense ha quedado a la deriva ya que su actividad económica, comercial e industrial, dependía en más de un 80% de su nexo con la actividad minera”.
Por ello dejó explícito que “cerrar una mina también implica generar acciones sostenibles de política pública para revincular actores que dependían del emprendimiento minero y no dejar a la deriva a comerciantes, empresarios y trabajadores de la localidad que siguen apostando al desarrollo local”.
Finalmente sostuvo que “una vez más, el pueblo de Santa Cruz es destratado y sometido a prácticas económicas y financieras que impactan negativamente en su bolsillo” resaltando que este caso deja en evidencia que “las empresas multinacionales maximizan sus ganancias y pactan con el poder central fideicomisos, donaciones, y dádivas donde las comunidades no participan y las municipalidades siguen desfinanciadas”.
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