Oficialismo respalda pedido de Cristina a la Corte

El Partido Justicialista (PJ) y el bloque de senadores del Frente de Todos se sumaron hoy al pedido de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a la Corte Suprema de Justicia para que dé aval legal a la realización de sesiones a distancia del Congreso mientras estén vigentes las restricciones para circular por la pandemia de coronavirus,

Paralelamente, el procurador general interino de la Nación, Eduardo Casal, emitió hoy un dictamen a pedido del máximo tribunal, en el que consideró que “no es su competencia” dirimir esa cuestión y señaló que una eventual declaración de certeza “representaría una intromisión” de un poder del estado en otro.

Más temprano, los senadores del bloque del FdT, que conducen José Mayans y Anabel Fernández Sagasti, y la conducción del PJ, a cargo de José Luis Gioja, enviaron un nuevo pedido a la Corte en el que adhirieron a la solicitud de Fernández de Kirchner para que sea el máximo tribunal el que avale las sesiones virtuales.

En el documento, al que accedió Télam, los representantes del Frente de Todos consideraron que “no es posible” sesionar de manera presencial por “los riesgos” que implicarían los traslados de una provincia a otra en medio de la cuarentena.

En la presentación, argumentaron como necesario sesionar de manera remota así como contar con un aval legal de la Corte para evitar que eventuales leyes emanadas de debates a distancia “nazcan amenazadas de ser anuladas en virtud de ulteriores presentaciones judiciales, que cuestionaran el método de reunión elegido”.

El pedido de una declaración de certeza formulado por la vicepresidenta había motivado el rechazo de la bancada de Cambiemos, que consideró que la cuestión podía resolverse “mediante un acuerdo político” en el Congreso.

En su resolución de hoy, el procurador Casal se pronunció en el mismo sentido al sostener que la cuestión planteada “resultaría ajena a la competencia originaria de la Corte”.

Si bien no es vinculante, la opinión del Procurador implica un enfoque jurídico que la Corte puede adoptar o no en su decisión final, que se espera para los próximos días.

En el escrito enviado esta mañana a la Corte, en representación del bloque del FdT y del PJ, los abogados Eduardo Wesselhoefft y Jorge Landau insistieron con la necesidad de que el máximo tribunal “despeje el estado de incertidumbre respecto a la validez de sesionar mediante medios virtuales o remotos”.

Los legisladores señalaron la imposibilidad de sesionar de manera presencial en un contexto en que Argentina y el mundo “se encuentran ante una situación excepcionalísima, que altera absolutamente el normal funcionamiento de las instituciones”.

Consideraron que “es indudable” la existencia de “una situación de extrema gravedad institucional” y calificaron como “imperiosa e impostergable la necesidad de que el Congreso pueda sesionar”.

Los senadores se sumaron al pedido de Cristina Kirchner, con el argumento de que “muchos pertenecen a grupos de riesgo, por lo que, en el hipotético caso de que se realizara una sesión presencial, podría estar plagada de ausencias, lo que alteraría las representaciones políticas”.

“También se debe considerar que una eventual sesión presencial, implicaría el riesgo de que, luego de realizada la misma, los legisladores vuelvan a sus provincias transformados en involuntarios propagadores del virus en sus jurisdicciones”, acotaron.

Mayans explicó, a modo de ejemplo, que representa a Formosa, donde por el momento no hay casos de Covid-19 y que en caso de que participara en una sesión en la ciudad de Buenos Aires, al retornar a su provincia, se transformaría en “un riesgo para la salud pública local”.

Por eso, los senadores consideraron que “el acceso remoto o virtual, por medio de una plataforma que garantice las adecuadas medidas de seguridad y posibilite la identificación, la plena participación y la transparencia de las votaciones” de los legisladores, “es el método por medio del cual se puede asegurar el funcionamiento del Senado en estos días”.

En una nota enviada la semana pasada a Fernández de Kirchner, senadores de Cambiemos opinaron lo contrario y expresaron su “desacuerdo” con la gestión ante el máximo tribunal al asegurar que “no existe” la situación de “gravedad institucional” invocada para consultar a la Corte.