Al momento de la negociación la Cooperativa informó que no disponía de recursos económicos para financiarse. Y por tal motivo de no cobrar los servicios prestados en el tiempo acordado nos veríamos en la obligación de suspenderlos.
Se firmó el acuerdo entre el CPE y la cooperativa, pero hasta ahora no han recibido un solo peso desde entonces.
La deuda supera largamente los 500 mil pesos, de los cuales 60 mil por mes son cargas impositivas e insumos para las tareas de limpieza.
Taboada dice que a causa de esta demora la Cooperativa mantiene deudas con sus proveedores y con los seguros. Y por sobre todas las cosas los trabajadores no han cobrado sus sueldos, y no pueden pagar su alquiler o los víveres.
Indicó que ella misma ha ido personalmente a Río Gallegos a plantear el tema, y les aseguraron que iban a atender la situación, pero no hubo ninguna respuesta. “Llamamos y pedimos información y no nos contestan. Y cuando nos atienden nos responden con evasivas”, explicó en FM Dimensión.
Ante esta situación los integrantes de la Cooperativa convocaron a padres y directivos de las instituciones educativas donde les plantearon la situación y les notificaron que si el CPE no regulariza su deuda “se suspenderá el servicio hasta que se normalicen los cobros y pasos administrativos demorados”.
En el mismo sentido también le enviaron una nota formal a Héctor Salinas, director de Adquisiciones y Servicios del CPE.
Los progenitores hicieron una reseña de los problemas que afectaron el normal dictado de clases en el presente ciclo lectivo, aclarando que no solo se debieron a paros y otras medidas de fuerza de docentes, sino también por el problema de falta de limpieza de comienzos de este año, y de la presencia de roedores, cuya desinfección tuvo que ser afrontada con fondos de la cooperadora, ante la falta de respuesta del CPE
En el acta los padres intiman al Estado Provincial y al CPE que “arbitren los medios para que los derechos de los alumnos y de toda la comunidad puedan ser ejercidos plenamente, brindando una solución a los problemas planteados”.
Si en el plazo de 10 no obtienen respuestas y solución a su reclamo presentarán una “acción de amparo por la violación del derecho constitucional de los niños al acceso de la educación”, intiman los padres.
(Fuente: Ahora Calafate.)
