Avanzan las negociaciones para identificar los restos de unos 80 combatientes de Malvinas

El Gobierno busca concretar con el Reino Unido la misión humanitaria para identificar en las Islas Malvinas los restos de unos 80 combatientes, aunque aún quedan por pulir detalles para firmar un acuerdo que la Cancillería aspira a tener listo este verano.

En diálogo con Télam, la secretaria de Asuntos Relativos a Malvinas, María Teresa Kralikas, afirmó que el objetivo de la misión “es netamente humanitario y no afecta los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas” y que busca “saldar una deuda histórica para con los familiares de combatientes caídos” no identificados. “Gracias a esta iniciativa, (los combatientes) podrán tener identificado su lugar de descanso en el cementerio de Darwin”, añadió.

Según los plazos que manejan los negociadores del equipo de la canciller Susana Malcorra, en el transcurso de diciembre ya podría darse una reunión entre ambos negociadores en la ciudad de Ginebra -sede de la Cruz Roja Internacional, que encabezará la misión-, aunque aún restan varios detalles que ultimar.

Entre las cuestiones pendientes, funcionarios del Palacio San Martín señalan que faltan acuerdos de carácter político más que técnico, como las presiones de los isleños para aparecer en los documentos como una de las partes negociadoras, un deseo que suele repetirse de parte del gobierno colonial de las Malvinas pero algo inaceptable para la Cancillería.

Entre los avances en el proceso de negociación figuran el establecimiento de contacto con los familiares de 83 de los 123 combatientes fallecidos sin identificar, aunque el equipo de Cancillería busca contactar a los parientes de los 40 restantes.

De las 83 familias, 80 ya han presentado su aval para el avance de la identificación de los cuerpos -necesario para proceder, según lo indica el protocolo de la Cruz Roja-, mientras que una familia se negó y dos expresaron sus dudas y pidieron más tiempo para definirse.

Según dejaron trascender fuentes oficiales, el convenio en el que avanzan Buenos Aires y Londres implicará la conformación de un equipo de entre seis y ocho expertos forenses liderado por la Cruz Roja, de los cuales Argentina podrá designar a dos de ellos.

En junio pasado, una delegación técnica de la Cruz Roja visitó el territorio malvinense en una breve expedición y definió que el mejor momento para realizar el trabajo de exhumación de los cuerpos y toma de muestras es el invierno -por la menor intensidad de los vientos-, en un procedimiento que llevará entre dos y cuatro meses.

Las muestras que eventualmente se tomen irán a ser analizadas al laboratorio que tiene el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), instituto aceptado por ambas partes por su prestigio internacional ganado en la identificación de restos de desaparecidos durante la última dictadura militar.

Además de la toma de muestras, la Cancillería pidió que, luego de depositar los cuerpos nuevamente, la Cruz Roja provea cajones nuevos en buen estado para los restos de los denominados NN, cuya identidad -advirtieron ya los técnicos- podría no ser hallada, dependiendo del estado en que se encuentren.

Si es posible científicamente, y las muestras son tomadas el próximo invierno tras la firma del acuerdo con Londres, para fin de año o comienzos de 2018 ya se comenzaría a conocer la identidad de algunos de los restos, por lo que el equipo diplomático argentino le advirtió a los familiares que los resultados llevarán tiempo.

Además de miembros del Ministerio de Relaciones Exteriores, también están involucrados en el proceso de negociación las carteras de Justicia y Derechos Humanos y de Desarrollo Social.

El origen de esta iniciativa fue un reclamo de los familiares que comenzó en 2012 y que el gobierno de Cristina Kirchner impulsó en un principio, pero luego “el proceso se paralizó en 2014”, según explican desde el oficialismo, y fue retomado este año.

De hecho, el pasado 13 de junio el Gobierno autorizó al Comité Internacional de la Cruz Roja a realizar una misión técnica de evaluación, basados en un acuerdo de 2013 por el cual nuestro país le otorga a la CICR facilidades en todo el territorio nacional para el normal desenvolvimiento de sus actividades.

(Fuente: Télam.)