Se conocieron las conclusiones finales de la auditoría en YCRT

El informe de la SIGEN es lapidario. Asegura que el gerenciamiento de la empresa se sustentó en “procesos decisorios carentes de razonabilidad y legalidad”, ocasionando no sólo que no se cumpliera el objetivo de hacer producir la mina, sino que se produjera “el dispendio de recursos en perjuicio del erario público”.

La empresa YCRT dio a conocer las conclusiones de la auditoría integral que se realizó en la minera por parte de un grupo de auditores de la SIGEN. En un detallado informe de 56 páginas al que tuvo acceso La Opinión Austral, la sindicatura realiza un pormenorizado análisis de distintas situaciones irregulares con las que se encontró y en seis páginas realiza una lapidaria conclusión al respecto. Comienza recordando que la ley pone en cabeza de la autoridad máxima de la entidad el cumplimiento y diseño de los mecanismos de control interno del organismo y, por ende, es quien debe dar respuesta si esto no ocurriese. “El resultado de la auditoría encomendada advierte que el gerenciamiento de la hacienda estatal en el ámbito de YCRT y de la Secretaría de Minería dependiente del Ministerio de Planificación Federal, se ha sustentado en procesos decisorios carentes de razonabilidad y legalidad, que no sólo impidieron el logro de los objetivos públicos, buscados a través del funcionamiento del yacimiento y la construcción de la central térmica -aún sin finalizar-, sino que además ocasionaron el dispendio de recursos en perjuicio del erario público, cuestión que también se ve reflejada en el accionar de la Facultar Regional de Santa Cruz (de la UTN)”, plantea la SIGEN. Señalaron que no existía un plan estratégico, planes operativos y de inversión debidamente formulados y aprobados, como tampoco una estructura organizativa que asigne competencia a los agentes públicos, además de contar con una inadecuada planificación presupuestaria e irregular registro de la ejecución presupuestaria y contrataciones bajo modalidad directa. Avanza en que hubo un “apartamiento irrazonable” de las recomendaciones del servicio jurídico, contratando proveedores únicos y “sin pautas objetivas de comparación”, al tiempo que se observó “ausencia de un sistema de inventario de bienes de uso e inversiones”.
Riesgo grave
El informe de la SIGEN, al señalar la forma en que se encontró la empresa, sostiene que no había un sistema de información necesario para la toma de decisiones. Además de “existencia de condiciones inseguras para el personal (riesgo grave e inminente), así como también para los equipos e instalaciones en mina, central térmica, operativa, distintos talleres y depósitos de residuos peligrosos, estado de la red troncal de ventilación seriamente comprometido, representando un latente peligro de accidentes y derrumbes”. Aseguran que hubo una planificación inadecuada para la operación y mantenimiento del complejo minero, con “una importante subejecución en las tareas de avance de las galerías y producción de carbón”, indicando que entre 2011-2015 se proyectó avanzar 37,975 mts. de galería y sólo se ejecutaron 11,244, o sea un 70% menos de lo planificado. Al igual que se extrajo un 85% menos de carbón que lo planeado, ya que de 5,7 millones de toneladas que se había afirmado extraer, sólo se sacaron 842 mil. Sin embargo, entre 2005-2015 se incrementó el personal en un 233% y las transferencias presupuestarias durante esa década ascendieron a 16.048 millones de pesos.
Mira sobre la UTN
Otro punto observado por la SIGEN fue la relación establecida, a través de un convenio marco de cooperación y asistencia que se firmó con la Universidad Tecnológica Nacional el 14 de enero de 2008 y otro firmado en julio de 2014 entre YCRT, el Ministerio de Planificación, los municipios de Río Gallegos y de Río Turbio y la UTN Facultad Regional Santa Cruz, que tuvo como finalidad la puesta en valor del ramal ferro industrial Eva Perón. En el marco de estos dos convenios, entre los años 2009 y 2015 se firmaron otros 453 acuerdos específicos y 90 adendas entre YCRT y la Facultad Regional por un total de $ 4.424 millones (de los cuales facturó $ 1.379 millones), sin contar el 10% de gastos administrativos ($ 442 millones) que se adicionaron a favor de la facultad. En este punto, la SIGEN asegura que la retribución de la fundación equivalente al 10% de los contratos “se halla contablemente oculta” dentro del costo de inversión inicial, por lo que sumadas ambas comisiones (10% para la facultad y otro 10% para la fundación) implica que dicha entidad percibiría el 21% del monto involucrado (ascendió en total a $ 915.077.899). Aunque de ese total sólo se efectivizó la suma de $ 176 millones y la UTN-FRSC reclama el pago de otros $ 88,3 millones, que de percibirlos significaría que de un total de $ 1.379 millones efectivamente facturados a YCRT, la facultad cobraría en concepto de comisiones un total de $ 264,4 millones de pesos. Además de este cobro excesivo de “comisiones”, la sindicatura también advierte que la contratación de la universidad habilitó “la triangulación de operaciones y permitió soslayar la aplicación de la normativa sobre las contrataciones públicas”.
Central térmica
La auditoría señaló que en el proceso licitatorio de la central hubo “ausencia de los estudios de factibilidad técnica y económica”, otorgamiento de anticipos a la contratista “sin ejecución de obra certificada” y una “débil o inexistente exigencia de cumplimiento de las obligaciones que surgen del contrato llave en mano”. Pero además indicaron que hubo un creciente encarecimiento de la obra que llevó de los US$ 857.341.128,8 millones iniciales de costo a los US$ 1.631.355.105, luego de 11 ampliaciones o variantes presupuestarias. A lo que se le sumaron dos adendas UOCRA y dos obras conexas, haciendo que el contrato en la actualidad ascienda a US$ 1.726.251.980, más del doble que el monto inicial y triplicando el costo internacional promedio para la construcción de estas centrales, estimado en 2,3 millones de US$/MW. “Quedó probado por la SIGEN que hubo un plan sistemático establecido para saquear YCRT, desviar fondos públicos y usar a nuestra empresa como pantalla”, sostuvo el interventor de la empresa Omar Zeidán y remarcó que “en lugar de tener una mina perfectamente desarrollada, nos encontramos con una mina con sectores totalmente derrumbados, con galerías y chiflones con arcos metálicos de sostenimiento deformados, rotos y a punto de colapsar. Nos encontramos con una mina paralizada, ya que en estos últimos doce años nunca ha podido producir carbón en cantidades importantes”.

(Fuente: La Opinión Austral.)