Justicia frenó la ejecución de la ley de endeudamiento

El juez, Francisco Marinkovic, declaró admisible el recurso de amparo presentado por los diputados de la oposición y ordenó una serie de medidas de prueba. En tanto se sustancien las mismas, determinó que el Gobierno Provincial deberá abstenerse de “realizar actos relacionados” tanto con la ley de endeudamiento como con el convenio con Nación por devolución del 15% de Coparticipación Federal. El Gobierno confirmó que apelará.

Presentada con habilitación de día y hora el domingo a las 8 de la mañana, ayer por la tarde la Justicia Civil dio curso a la medida cautelar solicitada por los diputados de la oposición que reclaman la nulidad de la sesión del jueves 23 de junio.
En su decisión, el juez Francisco Marinkovic declara admisible el recurso de amparo interpuesto por los legisladores Roxana Reyes, Alberto Lozano, Daniel Gardonio, Santiago Gómez, José Blassiotto, Viviana Martínez, Gabriela Peralta, y Gabriela Mestelán, con el patrocinio del Dr. Javier Stoessel, la Dra. Diana Huerga Cuervo, el Dr. Daniel García, el Dr. Ramiro Neil y la Dra. Natalia Avalos.
En función de ello, requiere al Estado Provincial el informe “previsto en el artículo 7 de la Ley 1.117, el que deberá ser presentado en el término de dos días hábiles”. Para lo cual libra oficio con copia del escrito liminar y de la documentación adjunta. Igualmente pone en conocimiento del Recurso de Amparo presentado a la fiscal de Estado, Angélica Abbona. Entre dicha documentación hay filmaciones y artículos periodísticos para dar cuenta del contexto general que existía al momento de la sesión.
En la medida cautelar, la oposición había pedido que se suspenda la entrada en vigencia de las leyes 3.478 y 3.479 y toda otra ley y norma jurídica que pretenda tenerse por aprobada en la sesión de la Legislatura Provincial del jueves 23 de junio. (Las otras dos son la reforma de la Ley de Ministerios y la declaración de patrimonio histórico al Mausoleo).
En el escrito presentado ante la Justicia, se plantea como urgente la actuación judicial, toda vez que “pueden afectarse los fondos futuros de la coparticipación federal y regalías hidrocarburíferas y mineras” si se ejecutan dichas leyes, que consideran nulas.
Para Marinkovic, del relato y documentación adjuntada por los amparistas “se encuentra acreditado el requisito de verosimilitud del derecho alegado por los actores, (en particular debido al referido contexto anormal en el que se habría realizado el trámite parlamentario). Por lo que entiende que la ejecución de dichas leyes podría generar daños “de difícil reparación ulterior”.
Por ello, en su parte resolutiva de esta sentencia que tiene cuatro fojas, indica que “corresponde hacer lugar a lo peticionado, ordenando al Estado Provincial, “con carácter de medida de no innovar”, se abstenga de realizar actos relacionados con las leyes 3.478 y 3.479, publicadas en el Boletín Oficial el pasado 24 de junio”.
En tanto solicita al Estado Provincial que acompañe “copia certificada de la versión taquigráfica de la sesión ordinaria del 23 de junio, la Resolución emitida por el presidente de la Cámara Nº 214/16 mediante la cual se suspenden las actividades legislativas hasta el 1 de julio inclusive, debiendo informar, asimismo, si existe dentro del recinto de la Cámara de Diputados, sistema de filmación mediante el cual se haya registrado la sesión referida, debiendo acompañar en su caso, copia de todos los registros y filmaciones efectuadas en esa fecha, todo en el plazo dispuesto” (dos días hábiles).

Sin financiamiento
“Ahora vamos a presentar esta cautelar en el Directorio del Banco Santa Cruz, en el Banco Central de la República Argentina y en el Ministerio de Economía de la Nación, informando la decisión de la Justicia de plantear no innovar sobre estas leyes” indicó a La Opinión Austral Eduardo Costa, conocido el fallo de la norma.
Respecto de la posibilidad de que el Gobierno Provincial pueda anunciar sus dificultades para el pago del medio aguinaldo ante el freno judicial, el diputado nacional reiteró lo que viene sosteniendo sobre las finanzas provinciales: “la provincia no tiene problemas para pagar los salarios ni tampoco para pagar los aguinaldos, la proyección de ingresos está entre los 27 y 28 mil millones de pesos este año y la demanda para el pago de salarios no supera los 20 mil millones de pesos”.
Con respecto de los intendentes de Cambiemos que también se han sumado al planteo del Gobierno, de la necesidad de un financiamiento para el pago de los aguinaldos, Costa fue taxativo: “están siendo extorsionados, porque lo que nosotros además planteamos como otra cuestión estructural que hay que cambiar es la manera en que se distribuye entre la provincia y los municipios, porque de esos casi 28 mil millones de pesos, sólo el 16% queda en las comunas, y nosotros decimos que eso debe cambiar para que llegue mayor cantidad de fondos a los Municipios y que los fondos estén cerca de la gente”.
Pero este Gobierno lo que hace hoy, sostuvo Eduardo Costa, es “distribuir dinero entre los Municipios amigos y a los otros se la va retaceando. Algunos logran ir zafando y otros están mucho más complicados, pero la solución de fondo es un cambio en la coparticipación municipal”.
Por su parte, Roxana Reyes sostuvo a este diario que la decisión judicial “es un gran paso, porque pone un límite al avasallamiento de las instituciones que se pretende realizar”.
Aunque lamentó que “con esta decisión de avanzar a como dé lugar, lamentablemente se llevaron puesto el convenio de devolución del 15% que nosotros estábamos dispuestos a acompañar”, por lo que sostuvo que espera que el Gobierno recapacite, anule la sesión del jueves y convoque a una extraordinaria “para ratificar el convenio del 15%” y se pueda “retomar la discusión del endeudamiento, pero esta vez de la manera que corresponde”.

(Fuente: La Opinión Austral.)