Presentan Dictamen que trató el blanqueo de capitales y pago a jubilados

La Senadora Nacional por Santa Cruz estuvo presente en la reunión plenaria de Comisiones de Coparticipación Federal de Impuestos, Trabajo y Previsión Social, Presupuesto y Hacienda y Economía Nacional e Inversión, en la Cámara Alta.

 

En la misma se trató el Proyecto de ley en revisión llamado por el Poder Ejecutivo “Programa  Nacional de Reparación Histórica”, que incluye el blanqueo de capitales y el pago a jubilados por sentencias y reajuste de haberes.

 

En concordancia con la postura del Bloque del PJ-FPV en la Cámara de Diputados, la Senadora presentó un dictamen de minoría, planteando diferencias con el proyecto de ley original, al considerar que: “La ley que se pretende sancionar tiene como principal objetivo aprobar un sinnúmero de propuestas de diferente índole, las cuales fueron presentadas todas juntas y entremezcladas. Es evidente que el principal propósito del Gobierno Nacional al remitir al Congreso un proyecto de ley de estas características, es ocultar algunos de sus contenidos polémicos, ya que fuera de eso, no entiendo el motivo para su tratamiento conjunto.”

 

García criticó aspectos centrales del blanqueo de capitales y el pago a jubilados “encubierto” que busca aprobar el Ejecutivo al afirmar que: “No es una reparación histórica para nuestros abuelos, sino por el contrario, se trata de aplicar una considerable quita en los haberes de los jubilados que tienen reclamo para el reajuste de sus haberes.”

 

La Senadora destacó estar de acuerdo con la propuesta de implementar una exteriorización de activos no declarados pero consideró que: “los contenidos del régimen remitido a este Congreso son inadecuados. Es muy importante tomar recaudos para que este proyecto no impida el avance de causas que ya están  en curso como resultado de las revelaciones de los llamados: “Panamá Papers” o las cuentas radicadas en Suiza por el Banco “HSBC”, afirmó.

 

Por último sostuvo que:  “el “blanqueo” debe proponer una repatriación de los fondos para su inversión en proyectos productivos y de construcción, excluyendo a los funcionarios de todos los niveles y a sus parientes para evitar que se trate, en realidad, de una autoamnistía. Buscamos que no se asegure  impunidad a los que ya han sido denunciados por sus tenencias en paraísos fiscales.“