Integrada por profesionales que evadió más de 160 millones de pesos.

Fraguaban certificados de retención y de ese modo evadieron Ganancias e IVA por más de 60 millones de pesos. Asimismo, a través de una cooperativa de servicios encubrían a 500 empleados no declarados generando una evasión previsional de más de 100 millones de pesos.

La AFIP desbarató a una banda integrada por abogados y contadores que ofrecía "certificados de retención" declarados por otras empresas para ser computados contra las declaraciones juradas como pagos a cuenta de impuestos. De esta manera los "compradores" de este producto redujeron los montos adeudados y lograron financiaciones más convenientes de las que permiten las normas impositivas. Con esta maniobra evadieron más de 160 millones de pesos, entre evasión previsional e impositiva.

Como parte de la maniobra también utilizaban una Cooperativa de Servicios, que encubrían a más de 500 empleados no declarados y las obligaciones previsionales evadidas superarían los 100 millones de pesos.

La operatoria se desactivó gracias a una investigación de la AFIP y luego de allanar 6 domicilios en Entre Ríos y Buenos Aires, donde se secuestraron mails y documentación que describen en forma detallada los servicios ofrecidos, los honorarios cobrados y detalle de los "usuarios" (clientes) que adquirieron este "producto".

Las órdenes de allanamiento fueron libradas por el Juzgado Federal de la ciudad de Paraná que allanó 6 domicilios en Entre Ríos y Buenos Aires, donde pudo secuestrar valiosa documentación que permitirá determinar impuestos y aportes previsionales que venían siendo investigados en el marco de una causa penal anterior.

Además, la misma asociación ilícita, se encuentra involucrada con una empresa de transporte y una cooperativa de servicios que simulaba relaciones de dependencia bajo la figura de "asociados" de la cooperativa. Estas contrataciones no declaradas involucran un promedio de 500 empleados durante los últimos 5 años.

Por la maniobra, los responsables podrías recibir entre 6 y 9 años de prisión por el delito de “Simulación dolosa de pago” por la evasión de los 60 millones de pesos.