Un relevamiento sobre la carga fiscal de una pyme argentina identificó al menos 62 obligaciones entre impuestos, retenciones, percepciones y trámites administrativos distribuidos entre los tres niveles de gobierno.

Entre los impuestos nacionales aparecen el IVA, Ganancias, el impuesto sobre los créditos y débitos bancarios, los derechos de importación y exportación, los impuestos sobre los combustibles líquidos y las contribuciones vinculadas con el empleo registrado.

En el plano provincial, el análisis incluye Ingresos Brutos, el Impuesto de Sellos, el Inmobiliario y los gravámenes sobre los automotores, además de tasas asociadas con servicios públicos y trámites administrativos. A nivel municipal, se suman tasas y derechos vinculados con inspección, seguridad e higiene, alumbrado público, propiedad inmobiliaria, vehículos y publicidad comercial.

El informe sostiene que esta superposición de tributos alcanza distintas etapas del funcionamiento de una empresa, desde la compra de insumos y la contratación de personal hasta la comercialización, el uso de cuentas bancarias y el pago de servicios.

Uno de los ejemplos señalados es Ingresos Brutos, un impuesto provincial que puede aplicarse en varias instancias de la cadena productiva y generar el llamado efecto cascada, por el que el gravamen se acumula a lo largo de las operaciones y puede trasladarse al precio final.

El relevamiento muestra una baja frente a 2025, cuando se habían identificado 37 gravámenes aplicables a una pyme modelo. En esta oportunidad, la cifra descendió a 34 por la eliminación de los impuestos internos sobre los seguros y la telefonía celular, y por la exclusión de la tasa de ocupación de espacios públicos, que dejó de contabilizarse por estar vinculada con actividades específicas.

Sin embargo, el informe advierte que esa reducción no implica necesariamente una simplificación significativa. Además de los impuestos, las empresas deben afrontar regímenes de recaudación anticipada y presentación de información que demandan recursos administrativos y pueden afectar la disponibilidad financiera.

En materia de retenciones, percepciones e información, el estudio señala que una pyme puede quedar alcanzada por 28 regímenes distintos, dos menos que en 2025. De ese total, cinco corresponden a mecanismos nacionales aplicados sobre la empresa, seis a herramientas provinciales, ocho a obligaciones en las que la pyme actúa como agente de retención o percepción frente a terceros y nueve a regímenes generales de información.

La reducción anual tampoco cambia, según el informe, el problema de fondo: los saldos a favor que pueden generarse cuando las retenciones o percepciones superan el impuesto a pagar y que, en muchos casos, resultan difíciles de recuperar.

El relevamiento concluye que la simplificación de los procedimientos tributarios, la coordinación entre jurisdicciones y la reducción de saldos a favor acumulados aparecen como posibles vías para bajar los costos de cumplimiento de las pymes.