Nación buscará firmar acuerdo por obras

En el encuentro del 2 de agosto la Nación propondrá a las provincias firmar un acuerdo para mejorar la difusión, control y participación ciudadana en la gestión de la obra pública. Una ley en ese sentido se llevará al Congreso y la intención es que cada jurisdicción adhiera su vigencia en el distrito.

El martes 2 de agosto, en la cumbre de gobernadores en Puerto Madryn, los mandatarios firmarán un Acuerdo por el Fortalecimiento del Federalismo. En el documento el Estado Nacional incluirá un apartado relacionado a la transparencia, en el que se comprometerán a mejorar la “difusión, el control y la participación ciudadana” en la gestión de la obra pública, aunque el objetivo final será la adhesión de todos los distritos a una ley nacional que impulsará la Casa Rosada a fines de agosto.
Según figura en el texto que se suscribirá en la ciudad del Golfo, confeccionado por el Ministerio del Interior junto a funcionarios de todos los gobiernos provinciales, habrá un párrafo dedicado a la transparencia en la gestión, en sintonía con la agenda que pretende instalar la Casa Rosada.
El texto resalta que se procurarán iniciativas para mejorar “la difusión, el control, la participación ciudadana y la eficiencia en la gestión de las obras públicas”, aunque no establece premios ni castigos ni apunta a normativas concretas.
Fuentes de Interior explicaron a la agencia Télam que “el documento son ideas consensuadas, más declamativo”. Y que una vez que esté aprobado el proyecto de Transparencia y Buenas Prácticas en Obras Públicas -que el presidente Mauricio Macri tiene previsto presentar formalmente a fines de agosto-, “se va a sugerir a los gobiernos provinciales que adhieran a la ley o aprueben algo similar”.
El convenio firmado bajo el nombre de Acuerdo por el Fortalecimiento del Federalismo es un enunciado de intenciones para “mostrar coherencia en que se va a una mejor administración del Estado, más eficaz y eficiente en el gasto y para brindar servicios públicos mejores y similares en todo el territorio”, y apunta a crear pautas de gasto, déficit y endeudamiento, graficó uno de los funcionarios que participó de su confección,
En cambio, la posible futura ley de Transparencia y Buenas Prácticas, que prepara el equipo del ministro Rogelio Frigerio (el encargado es el subsecretario de Coordinación, el ex massista Ricardo Delgado), sí registra sanciones y detalla un nuevo marco legal para todo el gasto en infraestructura.
El proyecto -que aún está en borrador y debe ajustar detalles- plantea “castigos a los funcionarios que incumplan y también la expulsión del Registro de Contratistas a quienes se cartelicen”, además de prohibir incompatibilidades: quien haya trabajado en estamentos del Estado que ejecutaron obras no podrá pasar a ser contratista por un lapso de cinco años.
Una novedad será la disposición de un techo y un piso en el presupuesto oficial que puede rondar el 25% (aún no está definido) para evitar que ganen licitaciones ofertando precios excesivamente altos o bajos, algo que puede esconder maniobras de cartelización o de sobreprecios.

(Fuente: La Opinión Austral.)