Dos meses de preventiva y arresto domicilio para banda de estafadores

Cayó una banda de estafadores integrada por un policía y liderada por un preso

En la audiencia de control de detención el juez de garantías, Fabio Monti, dispuso para dos detenidos dos meses de prisión preventiva y para los otros tres arrestos domiciliarios por el mismo tiempo. Se espera el traslado desde Bahía Blanca de quien sería el cabecilla.

La audiencia de control de detenidos se realizó ayer alrededor de las 20 horas en los Tribunales de Trelew y se extendió por más de dos horas. El juez de garantías, Fabio Monti, dispuso la apertura de investigación tras la detención de una banda estafadores de autos y consideró a la misma de “tratamiento complejo”.

La investigación es por nueve delitos de estafas en la compra de automóviles con cheques robados o adulterados. Se dispuso la prisión preventiva de dos meses para dos de los imputados –uno de ellos es policía de la Provincia del Chubut- y arresto domiciliario para otras tres personas.

Asimismo se espera el traslado desde Bahía Blanca de Jorge Linares, encargado de sacar los autos de la zona y luego venderlos en esa ciudad para finalmente repartir el dinero con los integrantes de la asociación ilícita.

Hasta el momento, se estableció que el acuerdo para la compra de los vehículos la realizaba Carlos Escobar desde su celda en la Seccional Segunda de Trelew donde cumplía una condena por el delito de estafa. El policía a cargo de la custodia, Carlos Álvarez, le acercaba los diarios con los avisos clasificados y le anticipaba las requisas para que oculte los celulares. Ambos cumplirán la preventiva por dos meses.

Antonia Alta Gracia Sosa Rojas, de nacionalidad dominicana y esposa de Escobar, tendrá arresto domiciliario ya que debe alimentar y cuidar a un bebé de cinco meses. María Elena Escobar y Walter Rocha también cumplirán preventiva con responsabilidades menores en el accionar del grupo.

La justicia determinó que en libertad los imputados pueden entorpecer la investigación, influyendo sobre las víctimas o testigos. También creen que puede existir el peligro de fuga. La expectativa de pena solicitada para los cabecillas es de un mínimo de cinco años de prisión y una máxima de diez años.

El juez Monti dispuso también que no se exhibieran filmaciones y fotografías de los imputados teniendo en cuenta la necesidad de realizar ruedas de reconocimiento de personas que podrían fracasar de conocerse públicamente y de manera anticipada los rostro de los integrantes de la asociación ilícita.

(Fuente: El Patagonico.)

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