La Legislatura pidió información por Península Magallanes

La Cámara de Diputados de Santa Cruz aprobó por unanimidad un pedido de informes al Poder Ejecutivo provincial para conocer en detalle los antecedentes y el procedimiento que derivó en el Decreto 915/26, mediante el cual se autorizó de manera excepcional una operación con capitales extranjeros dentro del Área Natural Protegida Península Magallanes.

El requerimiento fue aprobado este jueves con el acompañamiento de los 18 legisladores presentes y establece un plazo de entre 24 y 48 horas para que el Gobierno provincial remita el expediente completo y las actuaciones vinculadas con la medida.

La documentación solicitada incluye informes técnicos, dictámenes jurídicos, actas, estudios, consultas y otros antecedentes elaborados por organismos de la administración centralizada, descentralizada y entes autárquicos.

Qué quieren conocer los diputados

El debate comenzó a partir de una moción de privilegio presentada por la diputada Agostina Mora Doldán, quien reclamó que la Legislatura pueda acceder al expediente completo para analizar las condiciones en las que fue elaborado y firmado el decreto.

Durante la sesión intervinieron legisladores de distintos bloques, entre ellos Piero Boffi, Carlos Alegría y Carlos Godoy. Si bien plantearon diferentes consideraciones, coincidieron en la necesidad de contar con información oficial sobre el alcance de la operación y su encuadre legal.

Entre los puntos que buscan esclarecer se encuentran el estudio de impacto ambiental, las características del denominado Master Plan Ecocentro, la identidad de los compradores, el proyecto previsto para el lugar y su compatibilidad con el Plan de Manejo de Península Magallanes.

También se plantearon interrogantes respecto de los mecanismos de información y participación ciudadana utilizados durante el procedimiento.

El Consejo Agrario, también bajo la lupa

Durante la discusión parlamentaria, el diputado por El Calafate, Carlos Alegría, señaló que había solicitado información al Consejo Agrario Provincial el pasado 23 de junio y que, según indicó, todavía no había recibido respuesta.

En ese marco, algunos legisladores reclamaron además la presencia del titular del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay, para que explique ante la Cámara las actuaciones realizadas por el organismo en relación con el proyecto.

Este último planteo formó parte del debate, aunque no quedó incorporado expresamente en la resolución aprobada, que se limita al pedido de documentación al Poder Ejecutivo.

Un debate que llegó a la Legislatura

La discusión se produce luego de la polémica generada en El Calafate por el Decreto 915/26, que habilitó de manera excepcional la venta de una parcela ubicada en Península Magallanes a ASB Hospitality Calafate SAU, una sociedad vinculada a capitales de Dubai, para el desarrollo de un emprendimiento turístico.

El debate en la Legislatura no estuvo planteado formalmente como un rechazo a las inversiones privadas. Los cuestionamientos de los diputados estuvieron centrados principalmente en conocer si la autorización se ajustó a la normativa ambiental, a las restricciones sobre la adquisición de tierras por parte de capitales extranjeros y a los procedimientos de información y participación pública.

Con la aprobación del pedido de informes, la Legislatura inició así su intervención institucional sobre una decisión del Ejecutivo que ya había generado cuestionamientos entre sectores turísticos, organizaciones y representantes de El Calafate.