Echazú reclamó avanzar con el proyecto de desendeudamiento

El diputado por el pueblo de Río Gallegos, Eloy Echazú, volvió a reclamar que la Legislatura de Santa Cruz avance con el tratamiento del proyecto de Ley de Desendeudamiento Familiar y Personal, luego de que se suspendiera la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales prevista para comenzar a discutir la iniciativa.

El legislador sostuvo que la situación económica que atraviesan numerosas familias de la provincia requiere una respuesta concreta y advirtió que cada vez son más los trabajadores que destinan una parte significativa de sus ingresos al pago de préstamos y otras obligaciones financieras.

Según los datos mencionados por Echazú, la morosidad en Santa Cruz se ubica entre el 20% y el 25%, posicionando a la provincia entre las jurisdicciones con mayores niveles de incumplimiento de créditos del país. A este escenario se suma, según un informe de la Federación Económica de Santa Cruz basado en datos oficiales, la pérdida de 227 empresas empleadoras entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025.

Una situación que afecta a los salarios

Echazú también cuestionó el alcance de las medidas implementadas hasta el momento para atender el endeudamiento. En particular, hizo referencia al Plan de Alivio Financiero instrumentado a través del Banco Santa Cruz, al que hasta fines de junio habían accedido unos 3.500 trabajadores que tenían comprometido más del 75% de sus ingresos en préstamos.

Posteriormente, el programa fue ampliado para incluir a quienes tuvieran comprometido más del 60% de su salario. Para el diputado, estos porcentajes reflejan la profundidad del problema y la necesidad de avanzar con una herramienta de mayor alcance.

El proyecto impulsado por Echazú propone establecer un mecanismo para refinanciar deudas provenientes de tarjetas de crédito y préstamos personales destinados a personas que se encuentren en situación de mora y vulnerabilidad financiera.

La iniciativa contempla una tasa nominal anual máxima del 35% y un plazo mínimo de 24 cuotas. Además, establece que las obligaciones comprendidas en el régimen deberán representar más del 30% de los ingresos mensuales del grupo familiar.

Uno de los puntos centrales está relacionado con la protección de los salarios. Para los trabajadores de la administración pública provincial, el proyecto establece que los descuentos vinculados con las deudas alcanzadas por el régimen no podrán superar el 30% del sueldo bruto. Si actualmente los descuentos superan ese límite, deberán ser recalculados, aunque la deuda no será condonada.

El objetivo, explicó Echazú, es permitir que las familias puedan reorganizar sus compromisos financieros sin verse obligadas a recurrir nuevamente al crédito para cubrir gastos cotidianos.

El diputado sostuvo que la situación no puede naturalizarse y reclamó que el proyecto sea debatido en comisión, con la posibilidad de incorporar modificaciones y aportes de los distintos sectores políticos.

“Las familias santacruceñas no pueden esperar”, afirmó Echazú al insistir en la necesidad de que la Legislatura avance con una respuesta frente al creciente endeudamiento familiar.